Denuncian irregularidades en un contrato millonario a un ente dirigido por la hermana de Mario Jiménez

Una de las sociedades descartadas en el concurso ha impugnado el proceso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación. Demanda que la adjudicación sea anulada y se deje en suspenso el concurso donde participaron once empresas. En el recurso, de 26 páginas, al que ha tenido acceso ABC, la firma recurrente, Clece S.A., enumera una extensa lista de supuestas irregularidades en el concurso, que abarcan desde el incumplimiento de requisitos como la solvencia económica, la experiencia profesional acreditada en el servicio, hasta infracciones más graves que incluyen un supuesto pacto tácito de precios para repartirse los contratos, sospechas de trato de favor y vulneración de los principios de objetividad, imparcialidad, no discriminación y libre concurrencia.

En una sesión extraordinaria celebrada el 11 de septiembre, el Pleno de la Diputación acordó adjudicar cinco lotes por importe de 18,93 millones de euros sin el IVA a Deconsa (acrónimo de Desarrollo del Condado S.A.), que está dirigida desde 1998 por María Teresa Jiménez Díaz, pareja del actual presidente de la Diputación onubense, Ignacio Caraballo, a su vez secretario general del PSOE de Huelva. La entidad pertenece a la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, que preside el alcalde socialista de Bonares, Juan Antonio García.

Fuentes de los servicios jurídicos de la Diputación justificaron la contratación de ambas sociedades por que el pleno lo único que hizo fue validar la propuesta técnica que había salido de la mesa de contratación, donde participan en su mayoría funcionarios, el diputado del área implicada y un diputado por cada grupo político. Rebaten la denuncia de «trato de favor» con el argumento de que se adjudicaron los lotes a las propuestas económicas más baratas, con y sin IVA, y que actuaron con total transparencia . Las mismas fuentes rehusaron hacer más valoraciones para no interferir en la resolución que debe adoptar el tribunal administrativo.

Clece S.A., que actualmente está contratada por la Diputación para atender los servicios de dos lotes de ayuda a domicilio, advierte, en primer lugar, que se han vulnerado los principios esenciales de contratación pública porque se le ha denegado el acceso a la totalidad de expediente administrativo con el pretexto de que algunos lic itadores habían pedido confidencialidad .

Una de las irregularidades más graves, según detalla el recurso registrado el pasado 11 de octubre, es que «las empresas públicas que resultaron adjudicatarias del contrato concertaron los precios que iban a ofrecer en cada uno de los lotes a los que concurrieron, a fin de repartirse la adjudicación de los mismos». «Buena prueba» de ello es que Edia presentó a todos los lotes ofertados un precio de 12,50 euros por hora, salvo en los lotes que se adjudicaron a Deconsa, donde subió el precio ofertado en 50 céntimos.

En su impugnación, plagada de referencias a la jurisprudencia, la empresa recurrente concluye que la adjudicación de los nueve lotes a favor de Edia y Deconsa, de todos ellos sin excepción, «es consecuencia directa de la aplicación de unos criterios que, además de resultar contrarios a Derecho [...], han favorecido objetivamente a las dos citadas empresas públicas en el proceso de licitación. A juicio de esta ofertante, que fue la siguiente empresa mejor clasificada en todos los lotes, ninguna de las adjudicatarias debió de ser admitida por la mesa de contratación por «no reunir los requisitos necesarios de capacidad y solvencia».