Griñán puede elegir la cárcel donde ingresar, pero ya no le da tiempo de ser indultado

En un auto notificado este jueves, el tribunal sentenciador rechaza los recursos de súplica que ocho de ellos habían presentado en un intento final por paralizar la ejecución de la sanción impuesta mientras se tramitan los indultos solicitados al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la medida de gracia lleva sus propios plazos y requiere unos informes (no vinculantes), trámites que en principio no dará tiempo a resolver antes del Año Nuevo, la última jornada que los condenados tienen para entrar de forma voluntaria en la cárcel.

Los magistrados hacen un requerimiento a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados para que cumplan sus penas y se remite a los argumentos expuestos en su resolución del 15 de noviembre pasado. La Sección Primera no ha cambiado de parecer en este tiempo. Rebate a las defensas que «plantean cuestiones ya resueltas en el auto recurrido», añadiendo que «no hay dato o circunstancia alguna que permita reformar la resolución dictada».

En su auto previo, la Audiencia defendió que las sentencias firmes «claman por ser cumplidas», pues así lo marcan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el principio de «igualdad ante la ley», máxime cuando se trata de delitos de corrupción política e institucional que generan «alarma social».

Las defensas también alegaron un supuesto retraso indebido de la investigación abierta en 2011 y de la sentencia. El tribunal insiste en la complejidad de «una macrocausa con muchos investigados» y reitera que «el transcurso del tiempo no es motivo para la concesión de la suspensión solicitada». Cuatro de los penados afirmaron que se habían vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, pero los magistrados niegan tal indefensión.

El auto que inicia la cuenta atrás para el cumplimiento de las penas se conoció el jueves casi al mismo tiempo que el Senado aprobaba la reforma exprés del Código Penal impulsada por el Ejecutivo para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación a los independentistas catalanes condenados.

Dicha revisión no afecta a Griñán y al resto de penados en el caso ERE porque sí hubo «lucro» económico de terceros. Tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo (que confirmó la sentencia) dejan muy claro que el sistema opaco y arbitrario de reparto de ayudas permitió «el enriquecimiento» de empresas. Los actuales dirigentes del Gobierno central y del PSOE han tratado de difuminar el daño causado a los andaluces asegurando que los acusados no se llevaron el dinero a sus cuentas.

Aparte de Griñán, están afectados por esta orden los exconsejeros CarmenMartínez Aguayo (Hacienda), Francisco Vallejo (Innovación), José Antonio Viera y Antonio Fernández (ambos al frente de la Consejería de Empleo), el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano. Todos ellos podrán coincidir en la misma prisión. Las más cercanas a sus domicilios son las de Sevilla I y II, en la capital hispalense y Morón de la Frontera.

Están condenados por un delito continuado de malversación de fondos públicos, además de otro de prevaricación, en la causa de corrupción de mayor magnitud económica de la democracia. El expresidente andaluz Manuel Chaves sólo está condenado por el segundo delito, que no está penado con la cárcel, al igual que Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Entre 2000 y 2009, los gobiernos del PSOE despacharon casi 680 millones de euros al margen de la ley y a espaldas de los interventores de la Junta, según concluyeron dos tribunales.

El órgano sentenciador sólo ha accedido a suspender el ingreso en prisión de dos condenados: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez. En el caso del primero, lo deja en el aire porque está aquejado de una enfermedad grave, según alegó su abogado. El tribunal está a la espera del informe de un médico forense. Juan Márquez, el sustituto del fallecido Francisco Javier Guerrero, ve suspendida la pena porque es inferior a la del resto (tres años).