La Fiscalía cambia su postura y pide sacar del caso Serrallo a los concejales del PP de Granada

Los ediles para los que la Fiscalía pide la salida de la causa posibilitaron con su voto en la Junta de Gobierno Local la legalización de presuntas anomalías en la construcción de una discoteca en el Centro Comercial Serrallo donde había sido proyectada la edificación de un parque infantil con un quisco. Por ello, también solicita la demolición del inmueble para el «restablecimiento de la legalidad urbanística», también con la declaración de nulidad de las licencias que permitieron que se levantase la sala de fiestas.

La Fiscalía esgrime «que no existe el dolo [engaño, según la RAE] directo por el voto emitido en el delito de prevaricación», según ha podido saber este periódico por fuentes oficiales de la institución, que hasta este viernes pedía la inclusión de los ediles en la causa . La acusación, no obstante, se mantiene para el exregidor, José Torres Hurtado, así como para la que fue su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, seis técnicos municipales y el empresario Roberto García Arrabal.

A estas nueve personas la Fiscalía les atribuye la comisión de varios delitos , algunos de forma continuada, como los de prevaricación urbanística, prevaricación común, contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, tráfico de influencias y encubrimiento. En total, el Ministerio Público pide 8 años de prisión para Torres Hurtado e Isabel Nieto , que en todo momento han negado los hechos supuestamente delictivos que se les imputan.

«También se formula escrito de acusación, como responsables civiles o partícipes a título lucrativo, contra las empresas Inversiones Área Sur S.L, Fontdeis SL, 683 UPPER Club SL y Multiaventuras Serrallo Plaza SL», añade el escrito de la fiscal Sara Muñoz, a la par que reclama que no se imputen cargos a María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea , todos ellos concejales activos del grupo municipal popular, hecho que ha imposibilitado una moción de censura al actual equipo de gobierno socialista.

Además de éstos, también estaban siendo investigados los exconcejales capitalinos Vicente Aguilera y Juan Antonio Mérida . Los ocho solicitaron el sobreimiento de la causa para ellos en virtud de la existencia de informes técnicos que avalaban los expedientes presuntamente ilegales. Tanto la Fiscalía como el partido político VOX, personado en la causa, se opusieron, en sintonía con la postura de la juez, María Ángeles Jiménez, que les acusa de ser claros partícipes en las irregularidades.