Los ladrillos que llevaron al derrumbe de Torres Hurtado

No era el estilo de Isabel Nieto que nunca ha comido con un constructor y ni siquiera acostumbra a despachar con ellos, como ella misma resaltó en el alegato contra el desarrollo de la operación Nazarí que hizo el viernes en defensa de sus derechos fundamentales y los de los otros 15 detenidos, incluido el alcalde, por agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) desplazados desde Madrid el pasado miércoles.

El afán de perfeccionismo de Nieto, con la que ganó prestigio en el área de Economía donde estuvo destinada en el primer mandato municipal de Torres, y esta nueva de afrontar los expedientes desde su llegada a Urbanismo, le supusieron que algunos de estos constructores no tuvieran precisamente buena opinión de ella. Pero quizá no pudieron impedir algo que ha contribuido a tener que afrontar sus actuales problemas con la Justicia: verse arrastrada a los conflictos de familia de los altos funcionarios y técnicos urbanísticos del Ayuntamiento.

Los principales casos que investiga la juez de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez, en la operación Nazarí derivan de sendas querellas de la fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente, Sara Muñoz Cobo, a raíz a su vez de las denuncias de empresarios afectados por operaciones en las que el Ayuntamiento supuestamente habría beneficiado a una serie de constructoras.

En la tarde del mismo día que lo detuvieron, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, señaló a la prensa que cerca de treinta veces se habían lanzado requerimientos judiciales por casos urbanísticos durante los trece años que lleva al mando del Ayuntamiento. En su última comparecencia, habló de que se pueden estar investigando casos que fueran anteriores a su llegada al equipo de Gobierno municipal.

Asuntos como las viviendas protegidas de la zona de la Azulejera, la Casa Ágreda o el Palacio de Hielo , comunes en la prensa local por las idas y venidas en juzgados y plenos municipales, pueden ser ahora, al igual que la construcción de aparcamientos en varias zonas de la ciudad a principios de la década pasada, nudos que vayan soltándose en el hilo de la madeja que trata de desentrañar la Justicia en una investigación que puede durar años y en la que algunos auguran consecuencias de relevancia aún incalculables para la ciudad.

PABELLÓN DEPORTIVO MULHACÉN

La primera de las denuncias de la fiscal deriva de las supuestas irregularidades denunciadas por el empresario Ramón Arenas en la construcción del pabellón deportivo Mulhacén que, en el barrio del Zaidín, invadió 300 metros cuadrados de una parcela colindante de su propiedad en la calle Escritor Baltasar Martínez.

En la ampliación de la denuncia que presenta en 2015, Arenas habla de la «mala fe» con la que en su opinión actúa Isabel Nieto en este caso pues «se solicita mi parcela para poder ubicar en ella los servicios que le faltan al pabellón construido».

A este empresario se ha referido Nieto estos días como uno de los «cuatro chalaos» que con sus denuncias han provocado la «investigación general sobre los expedientes que no han sido resueltos» durante años en Granada.

La concesión administrativa del Mulhacén la obtuvo la constructora García Arrabal, una de las registradas en la operación policial que ha puesto a Granada en las portadas de los telediarios, y Arenas se siente objeto de una «estafa inmobiliaria».

En el decreto de apertura de diligencias de investigación penal, se alude a «la alteración y modificación del concurso-licitación de la concesión administrativa» de la parcela de uso deportivo «hasta desvirtuar por completo el objeto y las condiciones de la concesión». «Todo ello realizado por la empresa adjudicataria y mediante informes de los denunciados, modificaciones y estudios de detalle en beneficio del empresario», indica la fiscal.

RESIDENCIAL CIUDAD DE LA LUZ

La amistad que en el pasado mantuvieron Manuel Lorente, el cerebro del Urbanismo en la ciudad durante los mandatos de Torres Hurtado, y el constructor José Julián Romero, les terminó granjeando problemas judiciales por supuestos tratos de favor. Son otros dos de los detenidos más conocidos en Granada.

La segunda querella de la fiscal se refiere a un residencial construido precisamente por este empresario. Es una pieza separada que contiene las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada tras una investigación penal por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a las obras de urbanización de este residencial.

En el desarrollo de este plan parcial en Casería de San Jerónimo, se desvió un barranco sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica, y el Ayuntamiento concedió licencias de primera ocupación de 300 viviendas, algunas ya habitadas, trasteros y garajes sin que se hubiera dotado a toda la urbanización de calles, alumbrados y redes de saneamiento.

Es uno de los seis expedientes originales que la UDEF retiró durante los registros de la oficinas de Urbanismo.

CASO SERRALLO

Aquí los problemas vuelven a tener que ver con Roberto García Arrabal, el otro constructor detenido el miércoles junto con Enrique Legerén, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. El caso Serrallo es el más avanzado judicialmente, lo lleva la misma juez Jiménez y en él está investigada por supuesta prevaricación la concejal de Urbanismo, que le ha presentado por ello hasta en cuatro ocasiones su dimisión al alcalde sin éxito. En cuatro escritos que conservaba Torres Hurtado en el cajón de su mesa en el despacho del Ayuntamiento, ignorándolos, hasta que se los llevó la Policía.

Los hechos se remontan al año 2006 cuando se concede licencia de obra para una zona cedida por el Ayuntamiento junto al centro comercial Serrallo para un parque con columpios y un quiosco de chucherías. La cuestión es que allí se ha terminado construyendo también una discoteca con pista de patinaje desbordando el uso como zona verde con fines supuestamente lucrativos.

Un informe de la UDEF desvelado por Ideal un día antes de la operación Nazarí contabiliza 2,5 millones de euros «pendientes de ingresar» por el caso Serrallo. Tras cuatro años desde la finalización de las obras no hay «justificación legal» para que no se haya producido la liquidación legal. Hay un aval correspondiente al 7 por ciento de las obras de urbanización que «no cubre ni de lejos la eventual cantidad a pagar».

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD

Isabel Nieto se levantó de una comisión municipal en la que se abordaba el planeamiento de una parcela para uso deportivo del Parque Tecnológico de la Salud vendida por 2 millones de euros en la que se planteaba una Residencia Universitaria, cerca del nuevo hospital de Granada que está echando a andar, y las facultades sanitarias. La edil dijo sentirse «amenazada» en este tema por presiones de algún empresario que sospechaba la podía denunciar también por este tema.  

La UDEF solicitó en Urbanismo, el día de los registros, información sobre este polémico expediente.

El proyecto residencial de uso lucrativo se habría planteado por encima del 30 por ciento que era en principio lo permitido. La oposición municipal denunció la interpretación del planeamiento en la que se basaba el equipo de Torres Hurtado para que la residencia constara como equipamiento social comunitario. Está parado.

Puede haber indicios de que se habría recalificado suelo desde el Ayuntamiento para beneficiar nuevamente a García Arrabal que es quien adquiere esta parcela del PTS que vería incrementado su valor con la construcción de la residencia universitaria.