Condenada una interventora del Ayuntamiento de Granada por quedarse con más de 200.000 euros

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha considerado que la ahora condenada, Rosa María R.C., aprovechó su cargo para transferir a sus cuentas más de 212.000 euros públicos.

La funcionaria, que durante el juicio que se celebró en julio reconoció los hechos y explicó que los problemas en la empresa de su marido la indujeron a cometerlos , ha sido condenada a cinco años, tres meses y un día de prisión por un delito continuado de malversación de caudales en concurso con otro también continuado de falsedad documental.

La ahora condenada declaró en el juicio que se apropió de fondos municipales «siempre con la idea que mantengo de devolver el dinero», y recalcó que su marido, también procesado en la causa , desconocía la procedencia del dinero que recibía.

Los hechos se produjeron entre los meses de febrero del 2009 y noviembre del 2012 , tiempo en el que la condenada aprovechó su cargo para transferir dinero de las arcas municipales a la cuenta de la agencia de viajes de la que era administrador su marido, a lo que sumó otras transferencias y una duplicidad de sus nóminas .

Según la Fiscalía, que solicitó una condena de nueve años y ocho meses de cárcel, utilizó su cargo para destinar dinero a sus cuentas o las de la empresa familiar hasta sustraer a las arcas municipales 212.425 euros , aunque la pareja devolvió hasta junio del 2014 algo más de 136.000, por lo que en la fecha del juicio quedaban pendientes otros 76.398 euros.

La sentencia, contra la que cabe recurso , la ha condenado también a nueve años de inhabilitación para cargo público, a indemnizar al Ayuntamiento con más de 308.800 euros y al pago de dos tercios de las costas procesales.

La Audiencia ha absuelto a su marido Antonio José P.G. de un delito de receptación, aunque lo ha condenado en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo del delito de malversación, por lo que tendrá que indemnizar al Ayuntamiento con más de 46.000 euros.

Las transferencias ilegales de la secretaria se descubrieron durante una auditoría en la entidad bancaria que llevaba las cuentas municipales, momento en el que la condenada confesó en un documento los hechos y se marchó de Andalucía para buscar un trabajo con el que devolver el dinero.

«No tuve que haberlo hecho y me arrepiento , quiero pagar hasta la última peseta», subrayó durante el juicio, momento en el que esperaba la subasta de su vivienda para compensar el dinero pendiente de devolver.