20 euros por andaluz: el precio de los «errores» de la Junta con el Centro Comercial Nevada en Granada

La paralización de las obras está en el origen de una disputa que dura más de una década y que termina ahora su recorrido ordinario. Ante las acusaciones del PP y la Fiscalía , y en un intento de revertir la licencia de obras y frenar la construcción –cumplido ya el plazo– del centro comercial, la Junta emprendió un proceso contencioso por el que se paralizó –con orden judicial durante– casi ocho años una edificación que desde el primer momento contó con el beneplácito urbanístico de la administración autonómica. Finalmente, Tomás Olivó acabó ganando este procedimiento y pidió una indemnización por el lucro cesante por la indebida detención de las obras.

La delegada de la Junta en Granada, Sandra García , lamentaba este martes que la sentencia por la vía administrativa no tuviera en cuenta la vía penal, en la que paralelamente se condenó el proceso que dio luz verde a la construcción de un edificio cuatro veces más grande que el planteado en los años 90 en plena Vega de Granada y por el que el Ayuntamiento de Armilla ingresó más de dos millones de euros en convenios. Todo ello con informes contradictorios de la Junta de Andalucía, que sin embargo tampoco hizo valer la negativa de sus técnicos.

El fallo del llamado «caso Nevada» supuso la demolición de parte del centro comercial –y no entero, como demandó la Fiscalía, que lamentó la laxitud de las condenas– y penas de cárcel e inhabilitaciones temporales para Tomás Olivo, así como para el exalcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara , que dimitió y pasó a ser recolocado en una empresa municipal, y su exedil de Urbanismo, Gabriel Cañavate , entonces vicepresidente de la Diputación, cargo al que también se vio forzado a renunciar antes de que se formalizase su imputación.

Las sentencias por la vía administrativa no han tenido en cuenta esta parte de la historia que implicaría directamente al PSOE en las posibles maniobras para salvar de la caída al conocido como «clan de Armilla» . Morales y Cañavate eran hombres fuertes dentro del partido –y por tanto también en la Diputación y en la Junta– en un momento dulce para el área metropolitana de Granada: la capital se desangraba y perdía influencia al tiempo que el cinturón urbano experimentaba un importante crecimiento. Eran los años previos a la crisis. Y era Armilla el municipio más pujante del momento y del lugar.

El PP denunció desde el primer momento las irregularidades y las maniobras del «clan de Armilla» para demorar durante más de año y medio que la Junta de Andalucía solicitara la paralización de las obras, cosa que ocurrió, pero ya fuera de plazo . La tardanza de la administración autonómica ha sido el principal motivo por el que la Junta fue condenada en 2016 por el Juzgado de lo Contencioso 1 de la capital a indemnizar a Tomás Olivo con 157 millones de euros. El TSJA, acusando a la Junta de dar «cobertura» a las bases de la «ilegalidad», elevó la cifra a 165 millones en un juicio al que no acudió el letrado del Gobierno andaluz ; un «error material», según esgrimió la Junta.

El empresario pedía en un principio 500 millones de euros por el daño causado; 200 cuando apeló al Supremo. Pero el Alto Tribunal considera que ya es «irrecurrible» la sentencia del TSJA para ambas partes, por lo que la indemnización se queda en la que había fijada: 165,6 millones. A pesar de este último varapalo judicial, la Junta reiteró este martes su intención de continuar el procedimiento y recurrir al Tribunal Constitucional .

A los «errores» en los que ha incurrido la Junta durante todo el procedimiento hay que sumar un hecho sorprendente del que dio cuenta ABC hace unos meses: un alto cargo del Gobierno autonómico contrata con el Centro Comercial Nevada Shopping. Se trata de Juan Manuel Fernández Ortega , actual director de Administración Local , área que depende de la Consejería de Presidencia de la Junta.

Por medio de una de sus empresas, el también exsenador y exalcalde de Chauchina, otro pueblo de la Vega granadina, Fernández Ortega continúa prestando el servicio de seguridad a Central de Galerías Comerciales , la sociedad de Tomás Olivo, como ha podido comprobar este periódico.

Fernández Ortega y la Junta de Andalucía defendieron la legalidad de este negocio , a pesar de la vinculación de este importante aunque discreto socialista –llegó a estar en el comité federal, entre sus múltiples cargos– con otros compañeros del partido precisamente cuando se produjeron los errores que han derivado en la indemnización millonaria..