Los narcos comienzan a emplear las plataformas anguleras del Guadalquivir

La actividad de estos artefactos anguleros, sin propietarios conocidos, se realiza en una reserva de pesca, que es una zona biológica y ecológica muy sensible, denominada zona de cría y engorde del Bajo Guadalquivir. La pesca de la angula está totalmente prohibida en los ríos y aguas costeras de Andalucía, como medida excepcional para la recuperación de la anguila europea.

Quienes practican esta actividad comercial, que no recreativa ni cultural ni de subsistencia, usan redes de 1mm de luz de malla, por lo que todas las especies que cohabitan con la angula caen con este arte de pesca, que tiene una especial eficacia destructiva para la vida en los ríos. Además, su labor la realizan al margen de la legalidad vigente, actuando con total impunidad ante cualquier sanción administrativa o responsabilidad civil que sus artefactos puedan causar, ya que todo su patrimonio y riqueza está a nombre de terceros.

La pesca de exterminio que realizan, afecta a la macrofauna acuática de la zona, que está compuesta, al menos, por 134 especies, que son de interés gastronómico y por tanto comercializable, cuando alcanzan la talla legal. Por tanto, su actividad ilícita repercute de forma negativa en los trabajadores de la mar, que realizan su dura faena respetando las leyes y pagando sus impuestos. Pero además, todas estas especies dan vida y mantienen un ecosistema único en el Parque Nacional de Doñana, fuente de vida y riqueza para toda la zona.

Además, dichas plataformas representan un peligro para la seguridad marítima y entorpecen la navegación, en un rio angosto, con poco calado y de trazo sinuoso, llegando a ocupar en ocasiones el canal de navegación hacia o desde Sevilla. Riesgo que se hace especialmente evidente para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e incluso los propios narcotraficantes, cuando para tratar de llevar a cabo la detención de estos últimos se desarrollan persecuciones nocturnas a alta velocidad a lo largo del cauce del río Guadalquivir.

Por todo ello, desde primeras horas del día 12 de junio, numerosos agentes de Guardia Civil, en colaboración con otros organismos pertenecientes a la Administración del Estado, han estado implicados en un importante dispositivo destinado a prevenir y luchar contra las actividades ilícitas anteriormente descritas.

No ha sido la única operación importante realizada por la Guardia Civil en tan sólo 15 días. También se han asestado sendos golpes a dos organizaciones criminales dedicadas a dar apoyo logístico a los narcolanchas en Adra, en Almería y en Isla Cristina, Huelva.

Estas tres operaciones suman 52 detenidos, 108 identificados e incautados 87 embarcaciones, 85 vehículos, 10 remolques, seis motos de agua y más de 45.000 litros de combustibles para narcolanchas.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha estado acompañado del general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, y José Carlos Arobes, delegado especial adjunto de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha detallado el resultado de estas operaciones, «cuya presión están provocando que los grupos criminales cambien su acción, variando las rutas del narcotráfico en el Mediterráneo», un asunto que ha anunciado se abordará de la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar que se celebrará el próximo jueves 27 de junio.

El objetivo de estas operaciones, en las que han participado más de 1.000 agentes de la Guardia Civil y han sido intervenidas además cinco armas de fuego, 42 inmuebles y 700.000 euros en metálico, es «atacar las estructuras de apoyo logístico para el aprovisionamiento de combustible, el almacenaje y transporte de los alijos y las tareas de descarga y vigilancia de droga», tarea que, según ha aclarado, se realiza en colaboración con la agencia Tributaria y Capitanía Marítima, con el apoyo de la Guardia Nacional Repiblicana de Portugal (GNRP).

«Solo el resultado de estas tres operaciones demuestra que las FCSE, y en estos casos concretos la Guardia Civil en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, están intensificando la investigación y persecución de las estructuras de apoyo logístico a las organizaciones que se dedican al narcotráfico», ha subrayado Fernández, que ha asegurado que estos datos «no sería posible alcanzarlos sin el refuerzo de efectivos y medios realizado por el Gobierno desde 2018, que el 1 de septiembre se verá nuevamente incrementado con la incorporación de 640 nuevos agentes de la Guardia Civil, 400 de ellos destinados a seguridad ciudadana».

El 4 de junio en Adra, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Ovidio', detuvo a 50 personas integrantes del conocido clan de 'Los Lateros', desmantelando la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.

En la operación se intervinieron más de 700.000 euros en efectivo, parte de ello oculto en dobles fondos bajo el suelo y tras las paredes de los inmuebles de los líderes de la organización, así como cinco armas de fuego tipo escopeta y 33 vehículos, algunos de ellos de alta gama, por valor de más de 200.000 euros, e incluyendo también un camión cisterna para el transporte de combustible y tractores para el remolque de las embarcaciones.

También fueron intervenidas 25 embarcaciones dedicadas al abastecimiento de combustible, 6 motos de agua, 10 remolques de embarcaciones, 7 motores de alta cilindrada y más de 40.000 litros de combustible destinado al aprovisionamiento de narcolanchas.

También se procedió al embargo de 42 activos inmobiliarios, 85 vehículos y al bloqueo y embargo de un total de 52 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras, superando un valor total de cinco millones de euros.

La tercera operación de la que se ha informado este lunes ha sido la desarrollada por la Guardia Civil, en coordinación con la Guarda Nacional Republicana de Portugal (GNR) y Capitanía Marítima de Huelva, el pasado 19 de junio en la localidad y el mar territorial de Isla Cristina, así como el Río Carreras, en Huelva, destinada al control de documentación de embarcaciones que incumplen la normativa náutica y que pudieran usarse para labores de apoyo logístico al narcotráfico, donde fueron intervenidas 16 embarcaciones, detenidas dos personas e identificadas 108, además de requisar 200 petacas de combustible, que contenían una cantidad cercana a los 5.000 litros.

De hecho, dentro de este dispositivo contra el narcotráfico se evitó una operación de suministro de combustible a una embarcación semirrígida por parte de varias embarcaciones recreativas, que se vieron obligadas a huir. Posteriormente, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil localizó tres de las embarcaciones recreativas abandonadas, por lo que fueron intervenidas, cargadas con garrafas de combustible.