El Gobierno solo paga un tercio del gasto a los dependientes andaluces, pero pacta abonar el 50% a los vascos

El otro problema es la falta de financiación y aquí la responsabilidad está compartida entre la Junta de Andalucía y el Estado, aunque no se encuentran al mismo nivel. El Gobierno apenas asume un tercio del gasto en dependencia en Andalucía, porque el grueso de la financiación, un 68,09 por ciento corre a cuenta de los presupuestos autonómicos, según ha precisado este sábado la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta.

De los 2.331 millones de euros que costará en 2025 sostener los servicios sociales para los dependientes, 1.587 millones los pone la Junta frente a los 743 millones que aporta el Gobierno. En resumen, según detalla en una nota de prensa, la Junta destina el doble de fondos a la dependencia que el Ejecutivo central. «El esfuerzo de Andalucía está muy por encima del 50% que marca la ley», advierte la citada consejería.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un proyecto de reforma de la ley de dependencia que contempla alcanzar el 50% de la financiación estatal por parte del Estado, una iniciativa que se ha enviado al Congreso para su tramitación. Este movimiento se produce meses después de que la ministra de Hacienda y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, pactara con el País Vasco, gobernado por una coalición del PNV y el PSE, que en 2027 dicha comunidad recibirá del Estado un 50% del gasto a la dependencia, muy lejos de la cuantía que ahora recibe Andalucía.

La Junta insiste en que ha ido mejorando la dotación del sistema a pesar de la «infrafinanciación» estatal que soporta. Andalucía destina 7.696,35 euros por persona atendida, teniendo en cuenta que sostiene el mayor sistema de la dependencia de España, con una cifra récord de 302.871 beneficiarios y 455.031 prestaciones. Esta inversión se ha venido incrementando en los últimos años, pasando de los 5.940,16 euros por persona atendida en 2018, último año de gobierno socialista, a los 7.696,35 actuales. En concreto, el incremento desde 2018 a 2025 ha sido del 29,56%, señala.

Pero donde el Gobierno de Juanma Moreno (PP) ve la botella medio vacía, el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE), asegura que «está aportando las mayores cantidades para la financiación de la Dependencia desde la aprobación de esta ley», según su delegado en Andalucía, Pedro Fernández. Defiende que la ley le impide «aportar más que las comunidades autónomas». Es verdad que no tiene que pagar más pero nada le impide asumir la mitad del gasto.

La norma actual no especifica un porcentaje exacto de 50% para cada parte, aunque apuesta por un equilibrio en la financiación, y se establecen convenios para definir criterios de reparto basados en la población dependiente y las necesidades territoriales. La Delegación del Gobierno central en Andalucía esgrime que la Ley no obliga al mismo a «aportar el 50 por ciento de la financiación de la Dependencia en cada comunidad autónoma».

Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia realizado, que se elabora con datos provisionales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Junta de Andalucía financió el 65,1% del gasto en dependencia durante el año 2024. Se encuentra entre las comunidades con «menor esfuerzo autonómico», junto a La Rioja, Castilla y León y Galicia, siendo la media nacional del 72,9%, detalla.

El Gobierno central tampoco sale bien parado en este estudio. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido de que durante el pasado año se redujo el porcentaje de la financiación estatal de la dependencia. Sin embargo, Andalucía fue de las comunidades que más inversión recibió por parte del Gobierno de España, un 34,9%, lejos, en todo caso, del 50% previsto en la futura ley.