El Gobierno pagará el 50% de la dependencia vasca, frente al 30% de la andaluza

El resto corresponde al Estado, que abonará algo más de 30% del presupuesto de dependencia en Andalucía, donde está previsto que se atienda con éste dinero a casi 300.000 personas. «Andalucía no es más que nadie, pero tampoco menos. Y los mayores andaluces se merecen los mismos derechos que las personas dependientes del País Vasco», aseguró este martes Loles López, consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, quien añadió que a los dependientes de Andalucía «se les niega y se les trata con la punta del pie».

El Ejecutivo andaluz cree que existe en este concepto un nuevo agravio, como el de infraestructuras o el reparto de menores de inmigrantes no acompañados. «Ya está bien de privilegios para uno, en perjuicios de otro», apuntó la consejera, que dijo que en el caso de la dependencia lo ve más inadmisible porque «hablamos de las personas más vulnerables».

En este sentido, Loles López se dirigió directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también es secretaria general del PSOE en Andalucía para decir que «ella es andaluza» y que «poco bueno y mucho malo está trayendo para su tierra, y más cuando hablamos de los mayores».

Por eso, ha aconsejado a Montero que «aprenda un poco del Gobierno andaluz». A raíz de ello, ha calificado la gestión de la dependencia en la comunidad como «una apuesta brutal». «Más presupuesto que nunca, puesto por el gobierno de la Junta de Andalucía; más personas atendidas que nunca, más de 299.000; y más prestaciones que nunca, más de 446.000», concluyó la consejera, que reiteró que «ya está bien de privilegios».

El enfado de la Andalucía viene por la firma el pasado 10 de abril, por parte de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, como represente del Estado, con miembros del Gobierno vasco de la propuesta de concierto económico para esta región. En ese documento, aprobado por la comisión entre ambas administraciones, se esgrime que «la financiación a cargo de la Administración del Estado alcanzará anualmente el 50 por ciento del gasto total».

El Gobierno de España deberá pagar la mitad de los que las administraciones vascas certifican al Imserso por la gestión sistema de dependencia sobre los conceptos y conforme a la metodología que se acuerde entre las citadas Administraciones, a través de un grupo de trabajo creado.

El grupo de trabajo se integra por dos representantes de cada Administración: una persona en representación del departamento de la dependencia y otra del Ministerio de Hacienda. El acuerdo debía aplicarse de forma gradual durante los años 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, al no haber Presupuestos Generales del Estado, se comenzará cuando haya cuentas generales, siempre que «la financiación a cargo del Estado alcance el 50 por ciento en el año 2027, al tratarse del último ejercicio de la legislatura».

El acuerdo suscrito por Montero con el Gobierno vasco garantiza que, aunque no haya presupuesto en 2026, la bonificación del 50% será efectiva en 2027. Y si no es así, se recogen medidas contra el Estado. «En el supuesto de que en 2026 se sigan aplicando Presupuestos Generales del Estado prorrogados, la financiación adicional del Estado en ese ejercicio será de cincuenta millones de euros, que se descontarán del importe que corresponda financiar por el Estado en 2027». El Gobierno no solo se compromete a pagar lo que no hace en otras regiones como Andalucía, sino que indemnizará si no cumple con lo que ha acordado.

El grupo de trabaja debe elevar sus conclusiones para su aprobación al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco antes 30 de septiembre de 2025. Luego deberán ser valoradas y, en su caso, aprobadas conjuntamente por la vicepresidenta Montero y por el Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. Una vez sellado de forma definitiva se aplicará en los términos previstos, dando en ese momento un nuevo privilegio a los nacionalistas frente a Andalucía.