El Gobierno defrauda en la Mesa de la Sequía todas las expectativas de Andalucía

En unas declaraciones en Dúrcal (Granada), donde ha visitado unas obras de conservación, mantenimiento y restauración en el cauce del río, Carmen Crespo ha lamentado que la reunión haya sido del «grupo técnico» de la Mesa de la Sequía para hacer un seguimiento de las medidas «adoptadas en marzo».

Según informó el Gobierno, en la reunión por videoconferencia han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias. «Los participantes han valorado las medidas adoptadas por el Gobierno y han planteado su preocupación por la actual situación de sequía», apuntó el Ejecutivo central en un comunicado.

De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes «se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir», concluyó la nota ministerial.

El Ministerio se ha limitado a señalar las medidas aprobadas contra la sequía desde el pasado mes de marzo, que incluyen rebajas fiscales a agricultiores y ganaderos, subvenciones al seguro agrario, aplazamiento de cuots a la Seguridad Social, rebaja en el número d epeonadas para el cobro del subsidio agrario, pero sin apuntar nuevas aportación para paliar el problema.

La titular andaluza de Agricultura ha resaltado que la Junta ha activado dos decretos de sequía con medidas por «un importe de 141 millones de euros»para el 33 por ciento de las cuencas, que son de su competencia, si bien necesita del «auxilio del Gobierno de España» para la zona que depende de su gestión, un 67 por ciento del total.

Sobre las medidas implementadas por el Ejecutivo central, ha criticado que el decreto relativo a la cuenca del Guadalquivir conlleve un importe de 9,6 millones de euros, en un momento en que los embalses de Andalucía tienen una media de «26 por ciento en estos momentos» de su capacidad.

Las peticiones de la Junta en este contexto pasan por la doble tarifa eléctrica para el regante, la bonificación del agua desalada, la bajada de los impuestos a los agricultores, y la reprogramación de los fondos Next Generation, pues, de lo contrario, está «en desventaja gran parte de España» y sobre todo «la parte del sur del sur más seca».

Ha incidido asimismo en su petición de que se comience o se dote de un ritmo más ágil a infraestructuras de interés del Estado en la comunidad pendientes como las canalizaciones del sistema de Rules, en la costa de Granada, que son «vitales para la situación de sequía», en la línea además de lo analizado con las organizaciones agrarias en la mesa de interlocución.

«Estamos dispuestos a trabajar hombro con hombro» por el interés general de los ciudadanos, ha señalado Crespo, que ha apostado por juntar «las manos» con el resto de administraciones, y partiendo de la base de que «la Junta de Andalucía ha sido previsora» de cara a un momento en que, ha proseguido, «la situación perniciosa de la sequía y de los altos costes de producción» supone un «lastre» para la economía del sector agrícola y del mundo rural en su conjunto.

La Junta además colabora con la administración local, que en estos momentos «no puede» afrontar esta situación, en casos en que no pueda disponer de agua más que para «solo 120 días», ha finalizado Crespo, que ha mostrado su agradecimiento al presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y al conjunto del Consejo de Gobierno por ampliar la dotación de recursos económicos a la Secretaría General del Agua frente a la sequía.

Por otra parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho este lunes desde Córdoba un llamamiento al resto de administraciones para alcanzar «un gran acuerdo» por el agua para el Parque Nacional de Doñana y para los regadíos agrícolas de su entorno en la provincia de Huelva, además de para, de forma general, el resto de Andalucía.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Córdoba, tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de dicha ciudad, José María Bellido, el consejero ha respondido así a la pregunta de si es compatible el proyecto de Ley del Ejecutivo andaluz que busca ampliar la zona regable en el entorno de Doñana y mantener la integridad acuífera que precisa el parque nacional, tras conocerse que la laguna permanente más grande de Doñana y la última que ha mantenido agua en agosto se ha secado a causa de la sequía y la sobreexplotación de acuíferos, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ante esto, Fernández-Pachecho ha asegurado que «nadie debe dudar acerca de la firme voluntad de preservar, de conservar y de cuidar el Parque Nacional de Doñana», porque ese «es un objetivo irrenunciable que tiene el Gobierno de Andalucía, y eso debemos tenerlo todos claro», si bien «es cierto que hay que hacer un análisis completo de la situación y probablemente, si el acuífero subterráneo está sobre explotado, es necesario actuar en superficie».

Esto es preciso, según ha argumentado, porque «tenemos que garantizar que el agua en superficie llegue a aquellas poblaciones o a aquellos núcleos que actualmente utilizan el acuífero, y para eso hacen falta obras e infraestructuras hídricas, y esas infraestructuras son responsabilidad del Gobierno de España».

Con ello, según ha aclarado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, no quiere decir «que los problemas de Doñana sean problemas del Gobierno de España», pero sí cree necesario «que todos seamos capaces de sentarnos, dejar de un lado el enfrentamiento político y llegar a un gran acuerdo en torno a lo que Doñana, el Condado, la provincia de Huelva y nuestra comunidad autónoma necesitan en materia de agua».

De hecho y a su juicio, «en materia de agua Andalucía no necesita disputas ni conflictos», sino que precisa «diálogo, infraestructuras, presupuestos y compromisos que se cumplan» y, en este contexto, «el Gobierno de Juanma Moreno, a lo largo de los últimos meses, ha aprobado ya dos decretos de sequía y ha ejecutado gran parte de las infraestructuras que le correspondían», en el 33 por ciento del territorio andaluz, «que es lo que se gestiona» en materia hidráulica por la comunidad autónoma, pues «los otros dos tercios son competencia de la Administración General del Estado».