El Gobierno andaluz envía una carta a María Jesús Montero contra el cupo fiscal de Cataluña: «Van a disfrutar de más recursos que otros españoles»

«Los acuerdos de investidura suscritos por el PSOE con las formaciones independentistas en materia de financiación autonómica son contrarios a los principios de caja común, solidaridad, equidad, así como de eficacia y eficiencia», advierte la también portavoz del Gobierno andaluz en la misiva que dirige a María Jesús Montero, que es secretaria general del PSOE en esta comunidad autónoma y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones.

En su carta, la consejera muestra su rechazo hacia lo que considera «un concierto económico que rompe la caja común y abre la puerta a un modelo insolidario e inconstitucional». La consecuencia será «reducir los recursos de que dispone el Estado para hacer política redistributiva». Así recuerda a la ministra que ella misma ha señalado alguna vez que no tributan los territorios, sino los ciudadanos. Carolina España hace la siguiente analogía: «No se entendería, pues, que los vecinos de un barrio con un nivel alto de renta disfrutaran de más y mejores servicios que los de los barrios más humildes, simplemente porque sus habitantes tienen menos capacidad económica para aportar».

Desde el Gobierno de Andalucía muestran su «preocupación» acerca de los pasos que el Gobierno de España está dando en «negociaciones bilaterales» para cambiar el sistema fiscal, lo que en su esencia se traduce en «un cambio del modelo de Estado, todo ello basado en un acuerdo suscrito por dos formaciones políticas». «No es la primera vez que desde esta Consejería solicitamos algo que usted misma ha reclamado por ser de justicia: una financiación justa para Andalucía y también para todos los españoles, que no genere agravios entre territorios y refuerce el estado de las autonomías, que tan positivo ha sido pare el desarrollo de España en su conjunto», ha advertido la consejera.

En su carta, Carolina España recurre a la hemeroteca para recordar las contradicciones de la actual ministra. Así, recuerda que cuando ella era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2018 decía que «no caben negociaciones bilaterales para discutir un modelo de financiación, porque todos bebemos de la misma fuente y comemos de la misma tarta». Y añadía una advertencia: «Vigilaremos que no se caiga en la tentación de paliar los problemas de Cataluña compensándola económicamente en detrimento de otros territorios como Andalucía».

La asunción por parte de la Generalitat de Cataluña de la gestión que hasta ahora venía realizado la Agencia Tributaria «no genera mayor eficacia ni eficiencia, sino todo lo contrario, como denuncian los inspectores y técnicos» del organismo estatal, avisa España. En vez de ello, «se estaría apostando por un sistema más caro, menos eficaz y más permeable al fraude fiscal, ya que afecta al sistema de información tributaria, empeora el control y la gestión de las retenciones y añade dificultad a la comprobación de los grandes patrimonios, de los grupos consolidados y de las empresas multinacionales», afirma.

En contra de lo manifestado por el Gobierno y la propia ministra de Hacienda, la Junta argumenta que «el modelo de financiación que se está diseñando para Cataluña no es extrapolable al resto de las comunidades de régimen común sin afectar a la solidaridad interterritorial, la cohesión, la igualdad de los españoles y la propia estructura de la Administración Estatal, que quedaría fragmentada y reducida a un papel meramente testimonial».

Desde Andalucía, frente a este modelo de financiación a la carta, reafirma su defensa de una reforma multilateral del sistema de financiación autonómica, para que «todas las comunidades autónomas puedan contar con más recursos y se garantice la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia y la igualdad en el acceso a la sanidad, la educación y los servicios sociales». Le reitera «la necesidad de retomar la vía del diálogo multilateral y el consenso para abordar cualquier aspecto relacionado con la financiación que afecta a todas las comunidades autónomas y a todos los españoles».