Fran Piñero: «la firma del acuerdo de dependencia entre el Estado y el Gobierno Vasco es el más reciente de una semana de agravios para Andalucía»

Más allá de cantidades o porcentajes, el desequilibrio entre territorios, en el que Andalucía rara vez ocupa la posición aventajada, se ha acentuado en los últimos días en distintas ramas de la actividad social y/o política.

Desde la Consejería de Familias del Ejecutivo andaluz, que dirige Loles López, no han ocultado la sorpresa y el hastío ante lo que entienden como un privilegio para las personas dependientes de Euskadi, no por beneficiar su complejo día a día sino porque llega mientras a los andaluces, y cito palabras textuales, «se les niega y se les trata con la punta del pie».

La noticia de la firma llegaba el mismo día en que las autonomías tenían que remitir al Gobierno central la cifra de menores extranjeros no acompañados que están atendiendo actualmente en sus respectivos territorios.

Aunque el dato andaluz no se maneja todavía, fuentes de la Junta sitúan en torno a 800 el cómputo de niños de los que la región se tiene que hacer cargo, una cifra en las antípodas de los 26 que corresponden a Cataluña.

La propia consejera de Inclusión Social, Loles López, recordaba ayer que este agravio se sustentaba en lo pactado por Pedro Sánchez, la ministra de Inclusión Elma Saiz y la vicepresidenta María Jesús Montero con Carles Puigdemont. En palabras textuales, «un prófugo de la justicia».

También se ha conocido en los últimos días que la andaluza es la comunidad con mayor volumen de litigios de toda España. Así lo afirma la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa a 2024, con datos que suponían un incremento frente al año precedente.

Lejos de llegar un refuerzo presupuestario, el déficit de juzgados se sigue perpetuando, pese a las constantes peticiones de ampliar órganos unipersonales y secciones de las Audiencias Provinciales. Tirando de nuevo de cifras, en Cataluña se van a crear 63 nuevos juzgados y en Andalucía, sólo diez.

Por último, otra cuestión en la que la región sale perdiendo es en la gestión del agua. Tras una primera mitad del año hidrológico con un volumen de precipitaciones superior al promedio de los últimos 25 años, los embalses de la Cuenca del Guadalquivir han pasado del 30 al 61 por ciento de su capacidad. La noticia sería la mejor de las posibles si no hubiera trascendido que, por el camino, se ha perdido más agua de la que ha logrado almacenarse.

Se trata de las escorrentías que, según la asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, no han podido ser impulsadas dadas las deficiencias en las infraestructuras hidráulicas o la falta de ejecución de proyectos previstos.

En el eje del problema, la estación de bombeo de la Breña II, que sólo ha impulsado la cuarta parte del volumen de agua que podría haber llegado a afrontar.

Depende de Acuaes, una sociedad mercantil inserta en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde hace años los regantes piden que la gestión se traspase a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, trámite que no parece que vaya a producirse a corto plazo.