El campo se seca mientras Andalucía tiene embalses y desaladoras que no pueden aplacar su sed por falta de tuberías

Tras una inversión de 270 millones de euros, el segundo pantano con mayor capacidad de la cuenca mediterránea andaluza no ha cumplido el fin para el que se construyó, que era distribuir el agua entre los cultivos subtropicales y ampliar los regadíos.

Las infraestructuras que debían hacerlo posible no se han ejecutado por falta de presupuesto durante la anterior crisis económica o por la desidia de gobiernos de distinto color, para desesperación de vecinos y regantes. En los oídos de algunos agricultores aún resuenan las palabras pronunciadas el 23 de febrero de 2011 por el entonces consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo (PSOE): «La licitación de las obras [de canalización] será inminente». Y tanto.

Doce años después, solo una parte del agua embalsada en la presa de Rules –que ahora acumula 65 de los 111 hectómetros cúbicos que tiene de capacidad máxima– puede utilizarse para el abastecimiento y el riego mediante un rudimentario sistema de canales desde del río Guadalfeo que impide aprovechar toda el agua y obliga a seguir recurriendo a los pozos.

«En veinte años, los diferentes ministerios no han sido capaces de hacer las obras», resume Pedro Parias, el secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua. Hasta el pasado enero, el Ministerio para la Transición Ecológica no ha publicado la lista de fincas que va a expropiar para iniciar uno de los once fases en que ha dividido el plan de canalización. Es el mismo ministerio que ha encendido las alarmas por la regularización de regadíos al norte de la Corona Forestal de Doñana y la sobreexplotación del acuífero del parque nacional.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, se ha comprometido con los regantes de Rules a pagar parte de las obras que le corresponden para satisfacer esta demanda histórica.

La presa de Rules forma parte de la lista de veinte infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado que llevan años figurando en planes hidrológicos de los ministerios pero que aún no han visto la luz.

En la cercana Jaén, la presa de Siles se repite la misma historia. El embalse está terminada desde 2015, pero faltan las conducciones para que el agua llegue a las tierras de la Sierra de Segura, por lo que tampoco está operativo.

Los incumplimientos llegan hasta entorno del espacio protegido de Doñana, en la provincia de Huelva, y han sido objeto de una sentencia de condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la inacción de España para frenar las extracciones ilegales de agua subterránea que están esquilmando el acuífero del humedal.

La falta de agua para los cultivos de frutos rojos en el Condado de Huelva no es un problema nuevo, aunque ahora se ha agudizado por la sequía. Ya en 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por vía de urgencia un decreto de ley por el que aumentaba desde 4,99 a 19,99 el número de hectómetros cúbicos autorizados por desembalse mediante el trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para llegar a los cinco pueblos del entorno del parque: Almonte Lucena del Puerto, Moguer, Bonares y Rociana.

Cinco años después, la obras no se han realizado. Las obras del nuevo túnel de San Silvestre, que servirán para llevar agua desde la cuenca de los citados ríos hasta los regadíos, no estarán terminadas antes de 2026. Sin salir de Huelva, once años después de declararse obra de interés general del Estado, la presa de La Coronada y Pedro Arco tampoco tiene redactado su proyecto de construcción. Los movimientos de tierra para construir la cercana presa de Alcolea comenzaron en 2012, pero en 2016 se paralizaron las obras. Y así seguirán por bastante tiempo porque el ministerio de Teresa Ribera va a estudiar antes los metales pesados que las minas vierten al cauce del Odiel. «Todo se retrasa o se aplaza por motivos presupuestarios y/o ideológicos y no se dan cuenta del flaco favor que hacen al desarrollo de la región por la falta de disponibilidad de agua para todos los usos. Y ahora, con la sequía, hay muchos anuncios y compromisos tardíos y mal hechos», lamenta el responsable de Feragua.

Los proyectos que yacen en los cajones del escritorio de la ministra Teresa Ribera no se circunscriben a Doñana. Convertir el mar en un gran embalse para garantizar el suministro en periodos de sequía como el actual tampoco está siendo una tarea fácil y rápida.

En el otro extremo de Andalucía, las desaladoras duermen el sueño de los justos. Es el caso de la del Bajo Almanzora-Villaricos, que quedó destruida en 2012 por una devastadora inundación en el Levante almeriense, un año después de inaugurarse. Once años después, el ministerio asegura que está redactado el proyecto para reparar los daños.

La desaladora del Campo de las Dalías, en el Poniente, está preparada para dar agua a la comarca, pero eso no es posible aún por la falta de conducciones. La de Carboneras, que data de 2005, se ha quedado pequeña y la Junta emplaza al Goierno a duplicarla, al igual que la desaladora de Marbella, en Málaga.

En la provincia de Córdoba, la presa de San Calixto es, como el Guadiana, uno de esos proyectos que aparecen y desaparecen. Figuraba en el plan hidrológico del Guadalquivir de 2015-2021. No se hizo nada y ha vuelto a recogerse en el nuevo programa de actuaciones. Lo mismo sucede con el proyecto de la presa de Cerrada de la Puerta, muy demandado por los regantes jienenses. Por último, en Cádiz, la principal obra pendiente es la presa que se debe construir sobre el arroyo de Gibralmedina (afluente del río Guadiaro), vital para el abastecimiento de la población, la industria y el regadío.