El desafío andaluz: frenar el 'cupo catalán' y lograr más financiación

Es una reivindicación catalana histórica. Y cada vez que se ha impulsado en los últimos años, Andalucía ha tenido que moverse. Ocurrió en 2007 con la reforma de los estatutos de autonomía. El Estatuto catalán ya fijó el camino con la configuración de la Agencia Tributaria, a lo que Andalucía respondió replicando en su Estatuto la posibilidad de gestionar tributos estatales si hay una modificación legislativa y dotándose de un escudo que establece que «en caso de una reforma o modificación del sistema tributario español que varíe los ingresos de la comunidad (...) la comunidad tiene derecho a que el Estado adopte las medidas de compensación oportunas para que no vea reducidas ni menguadas las posibilidades de desarrollo». Ocurrió también en el año 2009 cuando se pactó el nuevo sistema de financiación autonómica que incrementó la cesión del 30% del IRPF que firmó José María Aznar a un 50%. Se compensó entonces con una serie de mecanismos de ajuste entre comunidades que se han demostrado insuficientes a lo largo de los años.

Ahora se ha trazado un nuevo desafío que por primera vez lidera el PP en el Gobierno andaluz y que está recogido en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez y de Salvador Illa con el nacionalismo catalán. De momento, no hay una ley ni un texto concreto desarrollado. Pero sí hay un marco trazado que incluye una quita de deuda de 15.000 millones a Cataluña, una negociación bilateral, la defensa del principio de ordinalidad frente a la solidaridad, y el objetivo de que la Agencia Tributaria catalana gestione todos los impuestos y entregue una parte al Estado y otra al fondo de solidaridad como se firmó en su momento con País Vasco y Navarra.

En este escenario y a la espera de concreción, la Junta de Andalucía y el PP andaluz tienen ya marcada su estrategia. En palabras del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quiere ser un «muro de contención que defienda los intereses andaluces y que frene los privilegios». Esto se traduce en un triple objetivo: frenar la salida de Cataluña del régimen fiscal común, lograr un incremento de recursos para la comunidad autónoma a través de un fondo de nivelación para los territorios infrafinanciados y desarrollar un modelo de financiación más beneficioso para las arcas andaluzas que el pactado en el año 2009. Y, de paso, conseguir acentuar el desgaste en la comunidad autónoma del Gobierno y del PSOE profundizando en la denuncia del agravio y de las desigualdades y liderando un movimiento del que forman parte todas las comunidades gobernadas por el PP y también algunas de las pocas gobernadas por el PSOE tras las elecciones de 2023, como Castilla La Mancha y en menos medida Asturias.

Para ello, el primer paso son los organismos multilaterales en los que el PP cuenta con mayoría de representación territorial aunque no en el voto. Andalucía ha presionado durante las últimas semanas para que en septiembre se convoque tras más de dos años la Conferencia de Presidentes y para que haya una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para estas sesiones, como ya ocurrió en el CPFF celebrado en julio, la Junta se reserva dos peticiones claras y una tercera más incierta. La primera, la creación de un fondo de nivelación ya diseñado por la prestigiosa Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que distribuiría más de 3.000 millones de euros entre las cuatro regiones infrafinanciadas (Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia) de los cuales 1.409 millones de euros corresponden a Andalucía.

En segundo lugar, lograr un criterio general de condonación de deuda de las comunidades autónomas que no se quede en los 15.000 millones de euros pactados con Cataluña. De nuevo, Fedea, es el gran aliado andaluz con informe que establece que a Andalucía le corresponden 16.437 millones de euros, la mayor cifra de todos los territorios. Y en tercer lugar, de forma algo más desdibujada, plantear un nuevo sistema de financiación que sea más beneficioso para Andalucía y que corrija los problemas de 2009, pero sin especificar dado que existen distintos criterios incluso dentro del propio Partido Popular. No es lo mismo Madrid que aporta más de lo que recibe, que Andalucía que se encuentra en el extremo contrario. Sí tiene claro el PP andaluz que debe haber un mayor equilibrio vertical, es decir, que se quede menos dinero en el Estado y se reparta más para los servicios públicos autonómicos.

Pero al margen de estas tres peticiones hay un objetivo claro: que el Gobierno detalle su propuesta de financiación singular catalana y que se enfrente a un rechazo mayoritario de las comunidades que pueda sentar un precedente de cara a la votación principal: la que se debe producir en el Congreso, donde el PSOE y ERC, de momento, no tienen mayoría suficiente para una reforma necesaria e imprescindible de la Lofca si ésta se limita a sacar a Cataluña del régimen común.

En paralelo, como anunció la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una entrevista con la Cadena SER, el PP andaluz elevará iniciativas a todas las instituciones locales y provinciales y al Parlamento andaluz que acentúen el rechazo a un posible 'cupo catalán' y que además señalen expresamente a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al secretario general del PSOE-A y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas.

Si pese a todo esto, el proceso culmina con la salida de Cataluña del régimen común, la Junta, como señala la consejera Carolina España, recurrirá a la misma vía que ya ha empleado para la Ley de Vivienda o la amnistía: formalizar un recurso ante el Tribunal Constitucional, dado que la Carta Magna no recoge la extensión de un concierto como el vasco a Cataluña ni la supresión del principio de solidaridad en el reparto de fondos entre las autonomías.

No obstante, existe una posible vía intermedia de cuyos efectos ya empiezan a alertar desde la Junta: el sistema impide que una comunidad reciba menos dinero un año que el anterior. En el peor de los casos se congela. Por tanto, si un territorio como Cataluña con una aportación global al sistema de 30.000 millones de euros sale y se limita a entregar una cuantía al Estado y otra al fondo de solidaridad, la diferencia para que no haya desajustes la podría aportar el Estado de sus recursos. Sería responsable con sus fondos de poner fin a la infrafinanciación de algunos territorios. O, sin tocar el sistema, se podría hacer a través de un fondo extraordinario complementario para Cataluña, como el fondo de nivelación que reclama Andalucía. La consecuencia, como advierte Carolina España, es que o el Gobierno sube impuestos para recaudar más o recorta otros gastos públicos.

La Junta y el PP andaluz quieren liderar todo este proceso en el que cuentan con aliados claros como Valencia, Murcia o incluso Castilla La Mancha, regiones infrafinanciadas con una posición similar. Pero en el que se puede encontrar algunas dificultades con Madrid, la que más aporta al sistema, o comunidades como Galicia que se encuentran entre las mejor financiadas.