Asuntos Exteriores alega que está realizando un «estrecho seguimiento» al caso del cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial

Los dos andaluces están en prisión preventiva acusados de presunta implicación en una supuesta trama de corrupción vinculada a un proyecto de televisión digital terrestre (TDT) en el país africano.

Según han denunciado sus familias, ambos fueron detenidos sin que existan pruebas de peso ni cargos formales claros, y sostienen que ninguno de los dos ostentaba cargos directivos ni capacidad de decisión en la empresa para la que trabajaban. «Solo cumplían funciones técnicas», afirman sus allegados, que insisten en que son inocentes y víctimas de un error judicial o político.

Según detalla el Ministerio, desde enero de 2025, los detenidos han sido visitados en 19 ocasiones por personal de la Embajada, «lo que refuerza ante las autoridades locales la relevancia que este caso tiene para nuestro país». Para facilitar estas visitas, «ha sido necesario mantener múltiples contactos con las autoridades locales a distintos niveles», indica el Ministerio.

Destaca «la implicación del Embajador de España, quien aboga de manera constante por que se les proporcione asistencia médica, asistencia jurídica y la posibilidad de recibir visitas de sus familiares, asegurando así el respeto de sus Derechos Humanos».

Por otro lado, tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación como el Secretario de Estado «han llevado a cabo gestiones con sus homólogos ecuatoguineanos para garantizar el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos de los detenidos».

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Córdoba se ha puesto en contacto con el Asuntos Exteriores para conocer de primera mano cuáles son los pasos que se están dando.

Según apuntan desde el organismo, «estamos a la espera de respuesta por parte del Ministerio. Una vez conozcamos a fondo el asunto, nos reuniremos con los familiares [en este caso, de Marañón], así como con la alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo para transmitirles toda la información que obtengamos».

Javier y David se encuentran en la prisión de Black Beach -conocida también como Playa Negra-, uno de los centros penitenciarios más duros de África. Esta carcel es la cárcel más temida de Guinea Ecuatorial y una de las más tristemente célebres de África por su dureza, las denuncias de torturas y las pésimas condiciones en las que se encuentran los reclusos. Está situada a las afueras de Malabo, la capital del país, en la isla de Bioko.

Los dos españoles permanecen encerrados en régimen de incomunicación desde finales de mayo. Desde entonces, no han podido recibir visitas consulares ni familiares, y existe una gran preocupación por su estado de salud, especialmente en el caso de Javier Marañón, que habría iniciado varias huelgas de hambre en señal de protesta.

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El pasado 9 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que exige al Gobierno de Guinea Ecuatorial la inmediata liberación o revisión de la situación de los dos españoles, garantizando un juicio justo, atención médica adecuada y acceso a asistencia legal. En el mismo texto, la Eurocámara insta al Gobierno español y a las autoridades diplomáticas de la UE a intensificar las gestiones para esclarecer el caso y asegurar el respeto a los derechos humanos de los detenidos.

Las familias de Javier y David, que han emprendido una intensa campaña pública para reclamar apoyo institucional, aseguran vivir una situación de «desesperación total». En este contexto, han iniciado una recogida de firmas para pedir la liberación de los encarcelados.

Por su parte, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó este jueves una declaración institucional de apoyo a los dos andaluces y ha expresado su solidaridad con ambos detenidos y sus familias, especialmente con el peñarriblense Javier Marañón Montero. El Consistorio ha pedido al Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea qie intensifiquen las gestiones diplomáticas necesarias para garantizar su integridad física y su pronta liberación.

Asimismo, se ha instado a la Junta de Andalucía a trasladar al Gobierno central y a las instituciones europeas la exigencia de una actuación firme y coordinada ante esta situación, y se ha manifestado el reconocimiento al Parlamento Europeo por haber denunciado públicamente el caso y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Desde el Ayuntamiento ya se han remitido escritos a la Presidencia del Gobierno de España y al Ministerio de Asuntos Exteriores, trasladando la preocupación del municipio y solicitando la intervención urgente de ambas instituciones para agilizar las gestiones diplomáticas necesarias.