La crítica situación del cordobés preso en Guinea Ecuatorial: «Estamos desesperados; no sabemos nada de Javier»

Este familiar asegura que la familia vive «desesperada» y que el Ministerio de Asuntos Exteriores no se ha puesto en contacto con ellos tras la aprobación del Parlamento Europeo para abordar el caso por vía urgente. «La Embajada española en Malabo sigue haciendo gestiones, pero nunca se consigue nada. Lo máximo que logran son visitas esporádicas, y desde hace cuatro meses ni abogados ni familiares pueden verlo», explica.

Javier fue detenido el 22 de enero, poco después de pasar las Navidades con su familia en Peñarroya-Pueblonuevo. «El Gobierno guineano convocó una reunión con los directivos del proyecto de TDT, pero como no había ninguno presente, los únicos dos españoles que acudieron -mi hermano y su compañero David- fueron arrestados al terminar la reunión», relata Aarón. Ambos trabajaban con contrato laboral en Wayang Tecknical, uno como administrativo y el otro como técnico de vídeo, sin ningún cargo de responsabilidad en la empresa.

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La familia afirma que la última visita de la Embajada española se produjo el 20 de agosto, y que entonces «ya estaban muy enfermos, débiles, en huelga de hambre y con infecciones crónicas». Según Aarón, su hermano estaba ingresado en la enfermería «con suero» y en un estado de extrema debilidad. «El 2 de septiembre permitieron a mi cuñada verlo, creemos que porque lo vieron tan crítico que la llamaron. Ella lo convenció para que abandonara la huelga de hambre. Desde entonces no sabemos nada. Nadie ha vuelto a verlo», explica con preocupación.

Las familias de ambos detenidos aseguran que viven completamente incomunicados, sin posibilidad de recibir visitas, salir al patio ni recibir alimentos del exterior. En Black Beach duermen en una celda con más de 18 presos y carecen de condiciones básicas de salubridad. «Están enfermos, física y mentalmente agotados. No queremos que nos den las condolencias dentro de unos días. Aún están a tiempo de salvarlos», insiste Aarón.

A pesar de que el caso ha llegado hasta Bruselas y fue aprobado por unanimidad para su tratamiento urgente en el Parlamento Europeo, los familiares denuncian que no hay avances reales sobre el terreno.

Tanto el Ayuntamiento de Peñarroya como la Diputación han aprobado declaraciones institucionales de apoyo, mientras los allegados están recogiendo firmas (EN ESTE ENLACE) y difundiendo el caso en redes sociales. «Esperamos tenerlo pronto con nosotros», se lamenta su hermano.