Vivir en casa ajena

En el asunto de la okupación patria (aquí no tenemos a niños pijos jugando a la contracultura ), conviene realizar una diferenciación entre los números, la realidad y los mitos. Empezando por el final, convengamos que la sensación de inseguridad es personal , intransferible y legítima por puramente subjetiva. Las cifras hablan de un millar de denuncias en un largo plazo de años.

Los que se dedican al asunto garantizan que buena parte de las okupaciones se ventilan con acuerdos entre privados , pagando pequeñas cantidades para un abandono discreto de la propiedad. También aseguran que se trata de un sector donde hay clásicos. Personas que han entrado en un círculo en el que tras el desalojo llega la nueva ocupación organizado por gente que sabe muy bien lo que hay que hacer y que pocas veces aparecerá en los informes oficiales. Existir, existen.

De unos meses a esta parte, se han venido publicando alertas. Los vecinos de la Carrera del Caballo, por ejemplo, llegaron a organizarse para evitar entradas en chalés y adosados de la zona. Mala señal la de las patrullas ciudadanas, muy mala. El crecimiento del número de urbanizaciones periféricas y la existencia de un número significativo de casas que se quedaron colgadas en la anterior crisis es pasto seco para estos hechos en zonas donde el control social es mínimo. La vida se hace en el interior de las parcelas y cruzarse a alguien por la calle es una rareza. Que te visite una patrulla policial es un milagro si no hay llamada.

Conviene en este punto ir a la raíz del asunto. Nunca he comprado el argumento de que las criaturitas no tienen otra que meterse en el chalé con piscinón o en el palacete renacentista, que también ha pasado, aunque es evidente que de perdidos, al río. Sí es preciso indicar que hay una enorme carencia de vivienda asequible, social, para los expulsados del mercado . En Córdoba se pasó en unas décadas de contar con una extensión relevante de casitas portátiles , a la creación de barrios completos (una experiencia fallida, cierto), al cero absoluto. La VPO que se fabrica hoy cuesta ya como un piso libre y lleva piscina y zonas comunes. No es social.

No será hasta que esa anomalía se reconduzca -entender que hay familias pobres que tienen que vivir en algún lugar incluso jugándose una sanción- que la situación no irá a menos sino a más. Y, por ende, los problemas de convivencia que puedan surgir -que surgen, de hecho- no desaparecerán sino todo lo contrario. Y los intermediarios mafiosetes que hay detrás serán más y no menos.