Los vecinos de Huerta de la Reina piden medidas para reducir los focos de «okupas»

«Mi marido y yo venimos de Las Moreras. Él trabaja en la aceituna y yo haciendo horas en casas. Con eso sacamos, más o menos, para mantener a los dos chiquillos. A nosotros nos denunció la constructora y ya tenemos fecha para irnos : el 19 del mes que entra», resume ella. Su casa es la misma imagen de la desolación: colchones extendidos en la sala de estar que igual sirven de sofá que de cama comunitaria, electrodomésticos desvencijados, una cocina portátil junto a una televisión de grandes dimensiones, platos apilados y restos de comida. «Cuando nos metimos en este piso no tenía ni puerta de la calle, ni luz ni agua. Poco a poco hemos ido haciendo nosotros las cosas», añade. Asiente Pablo, otro inquilino okupa, que cuenta lo siguiente: «La sentencia dice que nos tenemos que ir en dos semanas . Habrá que meterse en otro piso vacío. A ver si no. Nosotros tenemos cuatro nenes, uno de leche de pecho. Yo trabajo por jornales haciendo veredas en el campo unas veces y otras apilando leña hasta que llegue la aceituna, mira cómo tengo las manos. A mi parienta no le sale nada. Ahora va a la oficina del paro por si le dan algo. Pero es que nunca hay nada para ella. Si tú te enteras de algo nos llamas».

La postura que ha mantenido la Subdelegación del Gobierno en relación a las ocupaciones de viviendas se resume en dos ideas: la primera es la llamada a la tranquilidad y al sosiego de los vecinos y, la segunda, la petición de que los ciudadanos que tengan constancia de estos hechos «presenten denuncias ante la Policía», tal y como les explicó el subdelegado, Juan José Primo Jurado , a la presidenta de la Asociación Huerta de la Reina, Teresa de Jesús Márquez , y a la presidenta del Consejo de Distrito Noroeste, Teresa Caballero , durante el encuentro que celebraron hace un mes y medio. Se trataba de la segunda reunión entre ambas partes para abordar este asunto: la primera fue a finales de marzo y en ella Primo Jurado les transmitió a los vecinos que «la Policía Nacional va a continuar, como hasta ahora, implicada en preservar la seguridad en la barriada y que la Administración de Justicia ya cuenta con las denuncias de las entidades bancarias sobre los casos de ocupación ilegal».

La postura del Ayuntamiento es menor en este asunto, según aseguraron ayer a este periódico fuentes autorizadas del equipo de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida. «Éste es un tema de seguridad ciudadana y la competencia es de la Policía Nacional, no nuestra. Es a ellos a quienes les corresponde actuar si hay denuncias ante el juez, cosa que a nosotros no nos consta», señalaron estos interlocutores.

Cuestión aparte es la asistencia social a las personas que ocupan viviendas de un modo ilegal, y que es competencia, en parte, del Ayuntamiento y en concreto de Izquierda Unida, que es quien dirige el área de Servicios Sociales . Los testimonios recabados ayer por este periódico en las casas ocupadas de Tenor Pedro Lavirgen coinciden en que el Ayuntamiento les ha facilitado a las familias la conexión a la red de aguas de Emacsa a pesar de que no pueden hacer frente a la factura y a que residen en los pisos sin ningún título válido que los avale. Esto es posible gracias al denominado suministro social básico puesto en marcha por la actual corporación municipal.

Este periódico trató ayer, sin éxito, de que el grupo municipal de Izquierda Unida aportara algún dato acerca de la atención que han recibido estas familias , que aseguran que las visitas del teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro García (IU), han sido frecuentes en los últimos meses para interesarse por sus condiciones de vida.