El peso de la firma municipal para el contrato del Cercanías de Córdoba

El equipo de gobierno está intentando —el Pleno se celebra hoy— que la decisión de levantar el reparo —o sea, ignorar el informe de Intervención— sea colegiada por el máximo órgano de decisión municipal. Es decir, contar con todos los grupos políticos posibles para que la responsabilidad sea compartida y no personal de la alcaldesa. Ese era el plan y así se le expuso a los concejales de todos los partidos que, en principio, dieron su visto bueno a votar a favor. El pasado viernes, Intervención remitió una diligencia urgente asegurando que una parte de la determinación corresponde en exclusiva a la alcaldesa de Córdoba sin que quepa votación colectiva alguna. En concreto, la que asegura que nadie garantiza que el servicio de cercanías tenga visos de ser sostenible a la luz de los informes que hay sobre la mesa. La segunda advertencia, que tiene que ver con la insuficiencia de crédito, puede levantarla, previo informe motivado, la sesión plenaria.

El cogobierno se movilizó en el último momento para contar con todos los informes posibles para consolidar su posición. En apenas 48 horas laborables, se han realizado informes de Secretaría General del Pleno, el órgano de planificación presupuestaria municipal y, por último, el departamento municipal de contratación, cada uno según sus competencias. El firmado por el secretario general del Pleno es quizá el más relevante a estos efectos. Le da la razón a Intervención en el sentido del procedimiento. Considera que es la alcaldesa y solo la alcaldesa quien tiene que tomar la determinación de seguir adelante de acuerdo a los informes obrantes. De hecho, utiliza el tiempo verbal del condicional —«procedería»— para dar su opinión técnica. Es decir, usted decidirá, alcaldesa.

La advertencia de que no existe crédito suficiente parece haber sido totalmente superada. Los distintos documentos técnicos aseguran que existen partidas para cubrir la cantidad que tendría que poner el Consistorio a partir de 2018 que es cuando se podrá en marcha el servicio ferrovario. Los documentos reconocen que se va a tener que modificar el presupuesto, que ni siquiera se ha aprobado definitivamente, con el objetivo de acomodarse a algunas de las observaciones de Intervención. Una de las más relevantes es que las cantidades a pagar a Renfe no se van a computar como un bien y servicio —con lo que pagarían IVA— sino como una transferencia, que es el capítulo donde computan las subvenciones. Esa es la parte que tiene que autorizar el Pleno y el equipo de gobierno tiene, en este asunto, el aval del grupo popular, que tiene prácticamente decidido su apoyo a la alcaldesa para que el reparo se levante sin problemas.

La advertencia sobre la ausencia de constatación de la sostenibilidad del servicio es la clave. Intervención sostiene, en primer lugar, que los ayuntamientos no tienen servicios ferrovarios, cosa que corresponde tanto al Estado como a la Junta de Andalucía. Además, que nadie ha puesto por escrito un estudio lo suficientemente elaborado que diga que la colaboración del Consistorio en esta materia va a ser una ruina. El informe realizado en el departamento de Hacienda llega a asegurar, un tanto sorpredentemente, que a quien le corresponde realizar un sondeo de estas características es al Gobierno central o a la Junta de Andalucía porque suyas son las competencias.

Durante la mañana de ayer, en los grupos municipales se daba por hecho que la alcaldesa quería arrastrarlos a un lugar donde no querían estar. El PP y UCOR, por ejemplo, aseguraban que ni de broma iban a poner su voto levantando un reparo que no les corresponde. En Ciudadanos se mostraban más comprensivo para que el proyecto del cercanías siga adelante. Izquierda Unida estaba dispuesta a buscar un relato alternativo en el caso de que fuese posible. Ganemos Córdoba no ha establecido hasta el momento niguna situación extraña sobre este expediente.

La puesta en marcha de un servicio ferroviario subvencionado por el Ayuntamiento de Córdoba no será un simple gasto más. Ha de tener consecuencias generales en otras parcelas del Consistorio, según detalla un dictamen requerido de urgencia a la funcionaria titular del órgano de planificación presupuestaria, que es el departamento municipal que se dedica a controlar la estructura de la aplicación de las cuentas y de su incidencia global en la institución.

El dictamen reconoce, en primer lugar, que el expediente del contrato con Renfe no debería haber sido la firma de un contrato más. En concreto, recuerda que desde el año 2012 se lleva trabajando en esta hipótesis cuando el exalcalde José Antonio Nieto formuló por primera vez su necesidad bajo la fórmula del llamado Metrotrén. El equipo de Hacienda entiende que ha habido tiempo para realizar un trabajo «más completo» que diga cómo se van a coordinar los nuevos servicios ferroviarios con Aucorsa con el objetivo de realizar un gasto eficiente. Los máximos responsables de la empresa municipal reconocieron la pasada semana que no tenían ninguna intención de cambiar las líneas hasta tanto se viera cómo acoge la ciudadanía el cercanías que unirá El Higuerón y Alcolea aprovechando una vía férrea que se encuentra infrautilizada.