El Cercanías de Córdoba descarrila en un lío legal

Cronológicamente, el servicio de Contratación puso en marcha el expediente de licitación para entregarle a Renfe los dos millones de euros al año que cuesta el déficit, cantidad que en un futuro se verá matizada por el dinero del Gobierno, cuando se reconozca que la línea es una Obligación de Servicio Público. Es decir, un servicio e interés general financiado por el Estado.

Intervención recibió el expediente y su respuesta fue que no veía el asunto. Sospechaba el departamento de fiscalización que tal y como se estaba planteando la historia se estaba poniendo en marcha un servicio municipal . Y eso no es fácil. Para que ello ocurra hay que reunir a una comisión técnica que tiene que estudiar si hay dinero, si es competencia municipal y cuál es la forma de que se preste de la forma más eficientes. Es lo que se hizo cuando se promovió el Centro de Convenciones. Un trabajo que duró meses.

Los responsables de Intervención decidieron que lo mejor era pedir una opinión jurídica al secretario general de la Junta de Gobierno Local, que es el técnico (no político) que asesora a la alcaldesa y a los tenientes de alcalde en la legalidad de las determinaciones que adoptan de forma colegiada. Ese informe está escrito, nunca se ha hecho público pero le dice a la alcaldesa que no vaya tan rápido.

El dictamen, dicen los que lo han visto, coincide con Intervención en que hay que realizar todos esos trámites previos, cosa que el equipo de la regidora no cree que haya que hacer citando contratos similares de otras ciudades. El debate de fondo, como se imaginará, es por qué un ayuntamiento paga un servicio ferroviario si ya tiene una empresa de autobuses con tantos problemas.

En el gobierno municipal decidieron que el dictamen legal no les valía. En vez de remitirlo a la Intervención que es quien lo pidió formalmente se lo pusieron encima de la mesa a la responsable de la Asesoría Jurídica, Mercedes Mayo , que es quien representa a la corporación en asuntos legales y opina cuando se le pide opinión. Ese dictamen dice que ni la Intervención ni el secretario general de la Junta de Gobierno Local llevan razón y que eso no es un servicio municipal al no ser una actividad propia del Ayuntamiento. «Y si no es municipal, ¿por qué se contrata?» , se repreguntan en Capitulares.

Alcaldía hizo lo que suele . Filtrar el informe más favorable a sus intereses guardando a buen recaudo los que no lo son. El asunto se aprobaría en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebra mañana viernes porque ya tiene el visto bueno. Así, de primeras, de Intervención no como ha reconocido la propia alcaldesa. Alguien se ha ido de ligero con las carpetillas. El departamento de fiscalización ni siquiera ha escrito su opinión definitiva por lo que malamente se puede aprobar nada en la Junta de Gobierno Local a no ser que alguien quiera tomar el camino de la Ciudad de la Justicia .

A estas surge una tercera vía y es renunciar al contrato para convertirlo en un convenio de colaboración al amparo de la Ley de Servicios Ferroviarios. Es decir, una subvención a la única entidad que puede prestar el servicio, que es Renfe. En España no existe, como en otros países, una liberalización real de ese tipo de transporte que permita que varias empresas compitan por el mejor precio.