El notario Carlos Alburquerque se enfrenta a cuatro años de prisión por apropiación indebida

ABC ha podido acceder al escrito de acusación del Ministerio Público en el que recoge que el acusado, en el año 2005, y de forma habitual entre los años 2009 hasta el 15 de septiembre de 2015 -fecha en el que se jubiló-, recibió de distintos particulares y sociedades «confiados en la credibilidad profesional del acusado» diversas cantidades de dinero como provisión de fondos (bien por cheque bancario o transferencia bancaria) para que llevase a cabo escrituras, liquidaciones de impuestos, actas o inscripciones en el Registro de la Propiedad .

Sin embargo, a pesar de haber recibido dichas cantidades, lejos de dar el destino delitimitado para la que se la habían consignado las distintas provisiones de fondos, «se apropió de los recursos con ánimo de enriquecimiento ilícito sin llegar a ejecutar efectivamente bien todos, bien parte de los trabajos encomendados», reza en el escrito de la acusación pública. Para lograr su finalidad, según explica la Fiscalía, «se valía de la empresa familiar, cuyo objeto social es el asesoramiento y tramitación de toda clase de documentos ante organismos públicos y privados, a través de la cual se gestionaban administrativamente la documentación que se derivaba de las escrituras públicas, y en cuya cuenta bancaria de titularidad de la citada entidad se ingresaban las provisiones de fondos junto con las cuentas bancarias de titularidad del acusado».

Por su parte, la esposa de Alburquerque, que también es responsable subsidiaria, ostentó, según el fiscal, el cargo de administradora única hasta octubre de 2014, fecha en que lo asumió su marido. Presuntamente, según consta en el escrito de acusación, Carlos Alburquerque se apropió de importes el 22 de abril de 2005, y después de cuatro años de parón comenzó el 1 de enero de 2009 con esta práctica. Las cantidades oscilaban entre los 270 euros y los casi 24.000 euros. En otros casos no hacía frente a los gastos de plusvalía de los clientes que luego se veían en la obligación de pagar con intereses de demora y sanciones .

La Fiscalía cree que Alburquerque se apropió, según el mismo escrito, de abonos realizados por varias familias cordobesas para la adjudicación de títulos sucesorios que no quedaron registrados. Según la Fiscalía, estos hechos no provocaron que los perjudicados anteriormente mencionados vieran frustradas sus expectativas de adquirir una vivienda como bien de primera necesidad.