La negativa del Ayuntamiento de Córdoba para ceder el centro cívico a la O termina en los tribunales

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, se basa en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y describe cómo el párroco de la Aurora, José Luis Camacho, pidió permiso para que el paso permanezca «en las instalaciones de la antigua prisión provincial». No que hiciera la salida.

El Ayuntamiento de Córdoba lo negó por estar prohibidos los actos religiosos en los centros cívicos, pero el escrito de los populares recuerda el informe del secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que estimaba «procedente y ajustado a derecho que se reconsiderase la negativa», y que el paso pudiera estar, como se había pedido, entre el 11 y el 23 de abril, para el montaje y el desmontaje.

De igual forma, la Asesoría Jurídica Municipal también se mostró a favor en otro informe de la «reconsideración» de la que hablaba el secretario general. Procedería, dijo, que el paso se montase, no que se hiciera la salida procesional. Y era justo lo que pedía la hermandad, que insistió en que su estación de penitencia comenzaba en la iglesia, que es de donde sale el cortejo con los hermanos, y que la Virgen se une entonces, a las puertas del templo.

Por eso instaba al Ayuntamiento a conceder el permiso, pero también a «asegurarse que se haga la salida procesional desde el templo».

La negativa ha sido permanente en el seno del cogobierno municipal. La propia alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, así se lo comunicó en una reunión al hermano mayor de la O, Rafael González , y días más tarde se oficializaba en un Pleno la reforma del reglamento de usos de los centros cívicos por la que se permitía la celebración de actos políticos abiertos pero no así de índole religiosa, afianzando el posicionamiento contrario a este caso que, por el contrario, ha generado malestar en los vecinos de Fátima , que han recogido miles de firmas.

Los populares entienden que el gobierno municipal ha actuado con «arbitrariedad» al persistir en su negativa cuando contaba con informes jurídicos que permitían que la agrupación parroquial usara el patio de la antigua Prisión Provincial para montar y desmontar su paso de palio.

En el escrito dirigido a la Fiscalía se entregan además siete documentos (ambos informes y escritos de las partes así como cartelería) que sirven, según el PP, para «verificar» la denuncia presentada.