Así serán los centros cívicos de Córdoba: puertas abiertas para políticos, cerradas para cofrades

El nuevo texto, que lleva meses en fase de desarrollo, establece algunos cambios sobre lo que existe en estos momentos pero no servirán de ningún modo para que la actividad prevista por la futura cofradía pueda acceder a las instalaciones del patio, que se solicitaron para evitar incurrir en el gasto de montar una carpa . El documento mantiene cualquier veto a aquellas iniciativas que supongan «actos litúrgicos, proselitismo o divulgación de un credo». El uso del vocablo de proselitismo ha de entenderse con su acepción ligada a las religiones. Se puede hacer proselitismo del ecologismo, el feminismo o el liberalismo sin dejar de ser prosélito, según la Real Academia de la Lengua, matiz que el departamento de Participación Ciudadana no ha tenido en cuenta.

Eso significa qu e las cofradías pueden llevar a cabo actividades en los centros cívicos aunque no exactamente si lo que pretenden desarrollar tiene que ver con una actividad ligada a la religión . Por ejemplo, se les permitiría para una actividad de carácter solidario pero no se les podría ceder para una actividad, aunque sea cerrada, de formación en valores cristianos .

El cambio sustancial es que el reglamento de centros cívicos ya reconoce la posibilidad de que los partidos políticos hagan uso de estas instalaciones, cosa que con la normativa vigente hasta el momento era tolerado pero no legal . El documento modifica su redacción para que determinadas reuniones de partidos, sindicatos o asociaciones empresariales se puedan llevar a cabo con normalidad. Solo existen ciertas limitaciones . En concreto, que tengan carácter informativo, cajón de sastre en el que cabe de todo, y que estén abiertos a la ciudadanía . Eso implica que se podría realizar una asamblea donde pueda participar quien quiera -aunque siempre aparezcan los mismos- pero no la ejecutiva de un partido que, por definición, tiene carácter cerrado.

La presencia de partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, en menor medida, se daba por hecha en la realidad pese a lo que decía la norma. El caso de La O ha puesto en crisis el reglamento existente pero también el futuro documento. La prohermandad en ningún caso pedía acceso a los espacios interiores del centro cívico de Fátima sino a un patio tras una cancela que se utiliza como zona de paso y que no debe interferir en las actividades normales que se llevan a cabo en el equipamiento. Primero fue Izquierda Unida y luego la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), los que se negaron a su utilización a pesar de que el informe de los abogados municipales daba una salida razonable: el montaje de la procesión en el patio, la «salida neutralizada» hasta la puerta de la parroquia y el inicio de la procesión propiamente dicha en este punto. Ambrosio ofreció como alternativa las instalaciones del colegio público del barrio -también bajo responsabilidad municipal- rechazado por la prohermandad por una cuestión práctica de medidas incompatibles con el paso de la prohermandad.