La Diputación de Córdoba dictaminó que las obras del chalé de Isabel Ambrosio no fueron legales

El SAU es un servicio de la institución provincial que trabaja apoyando a los ayuntamientos que no tienen departamento urbanístico propio . Acuden a los municipios que lo requieren con el objetivo de prestar asistencia técnica. En este caso, dos funcionarios de la oficina de Peñarroya-Pueblonuevo fueron los encargados de realizar el informe técnico que aclara que todo lo que se hizo en la reforma es objeto de una sanción (independientemente de las características -administrativas o penales- que ésta adquiera). En las dos parcelas en las que se dividen las actuaciones, se considera que se cometieron infracciones al amparo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía , todas ellas caracterizadas como graves al amparo del artículo 219. Ese artículo explica que se castigarán con sanciones de entre el setenta y el 150 por ciento del valor de lo ejecutado las actuaciones desarrolladas contra la ordenación de un suelo.

Aún así, el informe del SAU propone comunicar las conclusiones del informe al Ministerio Fiscal para su conocimiento . En realidad, es un paso innecesario porque el departamento urbanístico de la Diputación de Córdoba entró en acción porque la Fiscalía recibió una denuncia de la Policía Autonómica e instó al Ayuntamiento de Obejo a que informase. Cuando el informe fue redactado, las obras del chalé de la exalcaldesa ya estaban en la Ciudad de la Justicia.

Lo que explica el informe del SAU es que las obras de la residencia familiar de la política socialista se dividen en dos parcelas catastrales en dos municipios distintos señaladas con los números 42 y 25 (dato contra el que ha alegado la defensa de Ambrosio). La número 42 es donde se encuentra la casa y la piscina , lo que es propiamente de la concejala socialista. Según el informe (también contestado por las alegaciones de Ambrosio), se encuentra en el término de Villaviciosa de Córdoba , según el SAU, y es suelo urbanizable industrial « siendo incompatibles los usos residenciales ». Eso quiere decir que las viviendas -que se levantaron antes de su adquisición por Ambrosio- no deberían estar ahí. Las obras que realizó la exalcaldesa son, a priori, «compatibles» con el desarrollo de la ordenación vigente y esta parte conviene explicarlo. Lo que plantea el informe es que, una vez desarrollado el plan parcial de la zona y los estudios de detalle necesarios (tras efectuar las inversiones de urbanización necesarias), se podría obtener una licencia de obras . Como todo eso no se ha hecho , plantea una multa y la destrucción de todos los elementos levantados sin permiso a costa de sus responsables.

La parcela 25 se encuentra , por el contrario, y según el SAU , en el término municipal de Obejo . Esta es la parte en la que la propiedad original, que tiene unos cientos de metros, se extendió sobre terreno vacío, presumiblemente de propiedad pública. La parcela 25 , dice el informe del SAU, es parte de la Cañada Real Soriana que ocupa una franja de 75 metros (menos, según las alegaciones de Isabel Ambrosio), prácticamente el espacio que permite medir el visor del Catastro entre la carretera y la parcela 42. La apropiación de espacio de las vías pecuarias no es legal como no lo es quedarse con el cauce de un arroyo o el de la vía de un tren. El SAU entiende que todo lo que se hizo en esta zona es sancionable pero, además, no sería nunca autorizable por las condiciones de dominio público que ostenta. Un vistazo al Catastro da buenas pistas de sus características: los usos son «pastos con encinas».

Efectivamente , según los antecedentes del informe, la exalcaldesa de Córdoba pidió una licencia menor en el Ayuntamiento de Obejo para la construcción de un cerramiento de la parcela. No había una descripción del proyecto pero sí informaba de la realización de un cerramiento de muro exterior. Ambrosio aseguró que nunca le contestaron . La conclusión, a la vista del SAU, es que pidió en Obejo un permiso que solo podía registrar en Villaviciosa y que, aún así, nunca podrían haberle concedido.

Un dato destacado es que la licencia se refería exclusivamente a la parcela calificada como suelo industrial . El problema se suscitó cuando unos agentes de la Policía Autonómica detectaron que había unas obras de cerramiento que salían de esa propiedad hasta extenderse a la superficie anexa a la que se considera como propiedad pública . El SAU aseguró que la propiedad había realizado una piscina de nueva construcción y que estaba realizando zunchos para la futura creación de un cerramiento. Para ampliar los límites originales del suelo sobre terreno público.