La CNMC pide a Urbanismo menos trámites reservados a arquitectos en Córdoba

Los trámites concretos por los que fue denunciada la Gerencia de Urbanismo eran concretamente dos. El primero es la obtención de los certificados técnicos necesarios para la obtención de licencias de primera ocupación. El segundo, la obtención de los certificados de edificaciones en suelo no urbanizable. Ambos casos son gestiones conducentes a una misma realidad. Trabajar con edificaciones que ya están realizadas y que no tienen por qué necesitar grandes modificaciones. El primero de los certificados es el que se pide para garantizar la idoneidad de una vivienda que cambia de uso, en concreto de residencial a turístico. El «boom» del alquiler ha aflorado un negocio de asesoramiento a las personas y empresas que optan por una vía que puede llegar a ser bastante ardua desde el punto de vista burocrático. El segundo trámite es el que se exige para que las parcelas puedan acceder a servicios básicos.

Urbanismo directamente solo entendía como viables los expedientes de esta naturaleza que venían firmados por una arquitecto . Y el resto de colectivos profesionales que pudieran exhibir los conocimientos acreditativos para realizar estos pasos afirman ver vulnerados sus derechos a competir dentro de una actividad económica concreta. Por ejemplo, los arquitectos técnicos tienen reconocida la capacidad de dirigir la ejecución material de obras de edificación, llevar el control económico de obra, efectuar actividades técnicas de cálculo, valoraciones o tasaciones y elaborar proyectos técnicos en su ámbito. Competencia recuerda que sí es cierto que la legislación exige la presencia de un arquitecto titulado cuando se realiza una edificación de nueva planta o una reforma de alto impacto. Sin embargo, entiende que hay cuestiones que ni exigen de esos requisitos y pueden estar entre los conocimientos oficialmente aceptados de otros titulados como los arquitectos técnicos o algunas ingenierías.

Las decisiones de la CNMC recibidas por Urbanismo entienden que la práctica asumida por la Gerencia era contraria a la legislación sobre competencia y unidad de mercado. De hecho, exhortan al organismo municipal a revisar el catálogo de actividades que se desarrolla en la institución municipal con el propósito de delimitar claramente cuáles exigen de la firma de un arquitecto y cuáles no. Entre los antecedentes manejados por la CNMC en las dos denuncias recibidas no consta ningún análisis previo.

El regulador de Competencia entiende que la reserva de actividad a una profesión concreta es una decisión que no puede generalizarse. De hecho, afirma que tienen que justificarse por razones de un interés general imperioso. Propone que la vinculación no se realice «a unas titulaciones concretas, con exclusión de todas las demás, y en su lugar opte por vincularla a la capacitación técnica del profesional en cuestión» de cara a proceder a la aprobación del expediente. Los dictámenes de la CNMC suelen abordar la tesis de que a mayor número de operadores realizando una actividad, mejores son los servicios que reciben los consumidores y más posibilidades hay de que las facturas finales sean más reducidas.

Avisa también la CNMC a Urbanismo que la irrupción del Plan Bolonia en las universidades ha traído una multiplicación de titulaciones que trabajan en áreas del conocimiento que tienen puntos en común. Aseguran los dictámenes recibidos en la Gerencia que determinar que solo una profesión titulada se considera como habilitada para desarrollar determinado tipo de proyectos puede vaciar de contenido esos nuevos estudios universitarios.