Los administradores concursales apuestan por la viabilidad de Prasa

El pasado 3 de febrero, los administradores concursales designados por el juez registraron el informe provisional que describe cómo está la empresa y qué soluciones puede haber al respecto. Y según este documento, al que ha tenido acceso ABC, se apuesta por la supervivencia de Prasa , eso sí, con una irremediable ayuda externa.

Una vez analizada la situación patrimonial de la empresa cordobesa las cuentas son las siguientes en trazo grueso. La masa activa detecta se eleva a 308 millones de euros mientras que las deudas, los llamados créditos concursales, contabilizan 363 millones de euros. El patrimonio neto negativo, asciende pues a unos 55 millones de euros. Dispone de unas existencias por valor de 166 millones de euros.

«La sociedad tiene capacidad para continuar con el desarrollo de su actividad, siempre que pueda conseguir un convenio de acreedores». La propuesta en este informe preliminar pasa por que para el pasivo exigible haya una quita y espera de la Agencia Tributaria y las entidades financieras. La quita minoraría los pasivos, y la espera pasaría deudas del corto plazo al largo, permitiendo obtener un fondo de maniobra positivo para el normal desarrollo de la actividad o explotación ordinaria.

Los administradores detectan tres vías para conseguir liquidez : existencias de suelo con buena ubicación que se pueden desarrollar o vender, litigios judiciales de peso que podrían deparar más frutos (algunos nucleares con la herencia de Joaquín Rivero y la instrumental Alteco) y fondos provenientes de sociedades participadas con activos de calidad y cuya enajenación podrían deparar más recursos.

En el caso de los procedimientos judiciales, las inversiones bursátiles volcadas por Prasa en tiempos sobre Gecina o Realia Business y la posterior conflictividad con Alteco, Gestión y Promoción de Marcas S.L.U. y MAG Import S.L. (vinculadas a Rivero) concentran unos recursos de hasta 126 millones de euros bloqueados, según se desprende de este informe. A ello se añade hasta un pleito en Francia derivado de bienes «confiscados» por los tribunales parisinos que adquirieron cierta prevalencia sobre las opciones de Prasa en la caída del imperio Metrovacesa , y que aspiraba a recuperar 30 millones de un montante de 86 millones relacionados con esta pelea.

Eso sólo es un apunte de la «extraordinaria complejidad de la situación jurídica» en la que se han desarrollado los concursos de ambos deudores del grupo, y que están suponiendo un «considerable retraso en la liquidación y cobro por parte de la sociedad de las importantes cantidades que en ellos tiene recocidas», reza el informe. Alteco y MAG Import SL deben a Prasa 126 millones de euros. La primera, 74,2 millones y la segunda, 52. ¿Por qué? Antes de la crisis la sociedad cordobesa adquirió un 3% de Metrovacesa desembolsando 274 millones de euros. Luego llegaan a un acuerdo de recompra de esas acciones, pero la entrada en concurso de ambos (Alteco y MAGImport) provocan el incumplimiento de esos compromisos estimados en 126 millones por los que ha venido litigando Romero.

En esta lista judicial hay hasta un pleito contra la herencia yacente de Joaquín Rivero Valcárcer, condenado por un Juzgado de Córdoba a pagar en ese concepto a la firma cordobesa 25 millones de euros.

Como puntos favorables al Convenio con los acreedores, los administradores aseguran que en esos mismos términos las negociaciones pasadas con acreedores financieros y comerciales «han sido todas positivas hasta la fecha, lo que facilitaría un acuerdo de cara a la consecución de un convenio de acreedores». Sin embargo, la propuesta carga el peso sobre las entidades financieras como la Agencia Tributaria (su principal deudor con 131 millones de euros) renuncien a las hipotecas y cargas sobre los activos.

Durante la fase común del concurso que concluirá en breve se propondrá quita y espera. Previamente, los administradores concursales tienen previsto redactar el Plan de Viabilidad que van a presentar a los acreedores con la finalidad de obtener su apoyo para un Convenio que garantice la continuidad de las actividades de la sociedad. Por consiguiente, es necesario, a juicio de los administradores concursales, «buscar una solución financiera al pasivo exigible (deudas a largo plazo y pasivos corrientes) que permita un normal desarrollo de las actividades de explotación».