Caso Rocket: restauradores de trenes declaran que tuvieron que pagar asesoramiento a uno de los acusados sin necesitarlo

Ambos testigos han reconocido a preguntas de la Fiscalía que no necesitaban técnicamente ese asesoramiento pero que era imprescindible si querían realizar ese contrato.

Uno de ellos ha declarado ante el que tribunal que eso del asesoramiento «era como el caso de las lentejas; o las tomas o las dejas», pero si no pasabas por ahí te quedabas sin el trabajo de restauración de trenes.

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El segundo de estos empresarios que ha matizado que en el mundo de los trenes históricos hay pocos especialistas en restauración y todos se conocen, ha declarado en el juicio que les llamaron para que mandaran las máquinas ya a Peñarroya pero no estaban acabadas: «una estaba estéticamente presentable pero no reparada, y la otra, directamente estaba desmontada«.

Estos empresarios restauradores de ferrocarriles históricos han declarado que sus trabajos los facturaban a la empresa municipal Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato (Pivag) por orden del acusado C.G., presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español.

Uno de estos dos testigos ha delcarado ante el tribunal que pagó al menos dos facturas al presunto cabecilla de la trama C.G. en concepto de «asesoramiento», según los responsables de CEHF le indicaron y el importe rondaba los 80.000 euros de una de ellas.

La cantidad, ha reconocido este mismo testigo, es «desproporcionada, exagerada». Y ha reconocido ante el plenario que «cuando uno es una pequeña empresa te sientes obligado a hacerlo, no coaccionado, pero sí obligado de alguna forma».

Un relato que también ha mantenido en su declaración el segundo testigo propietario de otra de estas empresas de restauración donde se encontraban las máquinas históricas de ferrocarril que iban a formar parte del proyecto turístico de la Minería en Peñarroya.

En cuanto si estos empresarios accedieron a estos contratos millonarios con Pivag a través de concurso ambos empresarios en calidad de testigos dijeron que «no hubo concurso no remitieron ningún pliego». De hecho, han matizado, «Pivag nunca nos pidió información. La relación técnica era con CEHF, ellos nos trajeron las máquinas al taller. Todo lo firmé con C.G.».

Uno de los extremos más llamativos de estas declaraciones ha sido que en el momento que la Guardia Civil entró en las instalaciones de uno de estos dos talleres «la máquina locomotora estaba sólo al 30 o 45 por ciento de restauración», sino que han admitido que «aún a fecha de hoy uno de esos trenes no está acabado».

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Esta tercera jornada del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de la segunda pieza del caso 'Rocket' dividida en dos por su complejidad, también han declarado tanto la ex interventora del Ayuntamiento de Peñarroya como el secretario municipal encargados de fiscalizar los contratos y estado de los trabajos para obtener las subvenciones millonarias del Plan Miner dependiente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC).

La interventora del Ayuntamiento de Peñarroya ha declarado en el juicio que las obras que certificó «estaban concluidas» aunque al encontrarse fuera de Peñarroya no fue físicamente a comprobarlo sino que se fió de lo que le decían los técnicos y de las fotografías del estado de los vagones restaurados.

A la pregunta de la Fiscalía de si sabía a ciencia cierta si las máquinas del tren turístico estaban terminadas la interventora ha asegurado que se «las enseñaron por fotos y dije que estaban certificadas. Yo creo que las grúas estaban contratadas ya incluso».

En cuanto a la certificación de los trabajos, la exinterventora ha puesto el foco en el posterior gobierno muncipal que «nos dejó sin acceso a todos los documentos, sin llaves y no podíamos justificar subvenciones ni nada». La interventora ha delcarado que la Secretaría del Ayuntamiento les pedía asesoramiento, lo hablábamos todo con ella y no hubo reparo a ninguna factura.

Por su parte, el que era entonces secretario municipal ha admitido durante el juicio a preguntas del Ministerio Público que las encomiendas de gestión que hacía la empresa municipal Pivag «podrían incurrir en posibles errores ahora con el cambio de la ley que hubo», pero en ese momento él entendió «que estaban bien».

Este secretario municipal ha declarado que « no tenía control con lo que pasaba en Pivag y que las encomiendas de gestión se veían en el Pleno». Además este testigo ha declarado en el juicio que no recuerda que le pidieran asesoramiento en el tema del ferrocarril ni que la exalcaldesa diera ninguna instrucción concreta sobre los contratos ni que ella fuera quien decidiera todo en esa sociedad municipal, pese a que en fase de instrucción y a preguntas de la Fiscalía sí la señalase como «la máxima responsable a la alcaldesa María Lusia Ruiz en la toma de decisiones en Pivag en este asunto».

De hecho, el fiscal ha solicitado en la sala que le reproduzcan las declaraciones que hizo este testigo como secretario municipal en la fase de instrucción que se contradicen con lo señalado ahora, alegando que no lo recuerda.

Junto a la exalcaldesa socialista se sientan en el banquillo cuatro empresarios más, entre ellos, el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril (CEHF), C.G., presunto cabecilla de la trama como cómplice de prevaricación, falsedad y estafa que se enfrentan a elevadas penas de prisión.