Caso Rocket: Fiscalía y Abogacía del Estado mantienen su petición de prisión para la exalcaldesa de Peñarroya

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han modificado levemente la calificación de algunos delitos, han elevado a definitivas sus conclusiones y solicitan elevadas penas de prisión por delitos de prevaricación, fraude de subvenciones, falsedad y malversación, entre otros.

En concreto, las acusaciones que han llevado a la exalcaldesa al banquillo han modificado el apartado de su calificación que correspondía al delito de falsedad en documento público cometido por funcionario público por el que solicitan cuatro años prisión y multa de ocho meses a razón de 12 euros día e inhabiltación para cargo público durante tres años.

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Mientras que en lo relativo a la trama quinta en la 'Dotación de Servicios Urbanísticos al Polígono Vega Currillo', las acusaciones consideran que el delito de falsedad en lugar de ser continuado es un solo delito, solicitando cuatro años más de prisión, multa de 12 euros e inhabilitación para cargo público por tres años años. El resto de la calificación se mantiene.

Tanto Fiscalía como Abogacía del Estado han solicitado al tribunal una sentencia condenatoria para la exalcadesa, haciendo hincapié en que estos delitos no han prescristo «los tiempos que hay que tener en cuenta no se han sobrepasado». Además, han señalado que «los delitos van en conexión, con el objetivo de facilitar la opacidad para obtener una subvención. Si unimos todas las irregularidades, todas esas teselas, se comprueba cómo se usa a la empresa municipal Pivag para lograr la subvención de 1,8 millones».

Para el fiscal, «el Ayuntamiento de Peñarroya debería haber abierto los expedientes de contratación para contratar los trabajos y no lo hizo. Pivag no puede contratar a quien le de la gana; no tiene manos libres, sino que la acusada hace un uso instrumental de esta sociedad municipal para justificar facturas». En este sentido, la Fiscalía ha solicitado al tribunal que deduzca testimonio a una profesional que cobró esos trabajos por falso testimonio al considerar que dijo la verdad en fase de instrucción pero no ya en el juicio sobre si era o no la alcaldesa quien decidía los contratos.

El objetivo de la acusada, según el fiscal, era «obtener finaciación extra para el ayuntamiento; no queremos decir que se lo quedar para ella, sino que es arbitrariedad porque lo que buscaba era mantener Pivag con trabajos extra a través de fondos que iban destinados a otros usos».

La acusación ha concluido que «Pivag fue la herramienta que utilizó el Ayuntamietno para obtener estas subvenciones». La Fiscalía ha expuesto además que «si hay una falsedad de la que se derivan perjuicios económicos sí se deben resarcir por el Ayuntamiento como Responsabilida Civil. En su acusación ha dicho que «resulta sorprendente que la factura de Pivag coincida con los gastos de un profesonal privado e incluso los generales incorporados».

Para el abogado de la defensa de la exalcaldesa Rafael Peña «lo que se ha hecho es derramar las conclusiones policiales» y ha calificado de «injustificada» la imputación. Este letrado ha señalado que no se explica «cómo dan por seguro que la alcaldesa ha actuado de pleno conocimiento en cada una de estos actos de la que viene acusada y que no encuentra otra explicación que el derribo reputacional de su representada».

Para el abogado del Ayuntamiento de Peñarroya, Javier Pérez Hinojosa, como responsable civil ha defendido que existe prescripción porque «la acusacion no ha precisado qué escrito concreto ha hecho que impida que prescriba». Para Pérez, «la empresa municipal Pivag -que la conforman prsonas distintas del Pleno- sería en todo caso, la responsables de estas facturas falsas pero no está acusada en este caso».

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