Radiografía de la violencia machista en Córdoba: más condenas en unos juzgados colapsados

Los últimos datos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan, en relación al agravamiento de la carga de trabajo, al crecimiento paulatino de los casos, pero sobre todo, se explica en la concatenación de circunstancias excepcionales, como la pandemia del Covid y más recientemente, las distintas huelgas de diversos operadores jurídicos, que han colocado en una situación muy comprometida a estos órganos.

Respecto aumento de las denuncias de malos tratos, en los juzgados especializados se han incrementado un 18,8 por ciento entre 2021 y 2023, al pasar de 2.389 a 2.844.

Además, las tasas de congestión y pendencia se han disparado, principalmente, en el ámbito de lo Civil: la primera, que revela cuántos asuntos se resuelven a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo, ha pasado de 1,70 en 2023, a 4,1 el primer trimestre del año. También se ha desatado la pendencia, otro de los factores clave que sirven para evaluar el funcionamiento de los juzgados: ha pasado, en el mismo periodo, de 0,70 a 3,12. Este indicador relaciona los asuntos que se resolvieron durante un año con los que quedaron pendientes.

La situación de sobrecarga que soportan estos órganos en Córdoba es harto conocida: de hecho, el TSJA pidió en su última memoria anual una sala bis en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

El alto tribunal puso de manifiesto en su informe que a lo largo de 2023 entraron un total de 2.033 causas penales y 409 civiles, o sea un total de 2.442 asuntos, cuando los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial se fijan en 1.600. Es decir, esta sala ha recibido un 52,63% más de expedientes de la carga de trabajo fijada.

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Además, el TJSA exponía que se trata de un juzgado que «se encuentra permanentemente de guardia, todos los días laborables y durante todas las horas de audiencia, y que debe de atender a la celebración de los procesos de familia que se suscitan y juicios por delitos leves».

También se encuentra en una situación límite, como ya avanzó este periódico, el Juzgado de lo Penal número 6, especializado en Violencia sobre la Mujer, con más de doscientas sentencias condenatorias pendientes de ejecutar, con el peligro que supone para algunas víctimas el que no se haya iniciado una orden de alejamiento, una prohibición de tenencia de armas o un dispositivo de control telemático sobre su maltratador.

En la provincia, la situación es similar. Según ponen de manifiesto los operadores jurídicos, no hay juzgados especializados en violencia de género, sino que son juzgados de violencia mixtos en los que el togado tiene que ocuparse, además de los pleitos civiles, los de violencia de género; y únicamente hay siete fiscales especializados en la materia para encargarse de los casos de todos los municipios cordobeses.

Otros organismos corroboran que la lacra de la violencia machista sigue una tendencia ascendente en Córdoba, como los últimos datos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una herramienta que coordinan diferentes instituciones públicas con competencias en esta materia para mejorar la atención y protección de estas mujeres.

Según la última estadística publicada (relativa al pasado mes de mayo), una treintena de cordobesas le levantan cada mañana con vigilancia policial asidua. Son víctimas de riesgo alto o extremo de sufrir una agresión fatal que podría costarles la vida a manos de sus parejas o exparejas

La provincia de Córdoba tiene actualmente más de 2.000 casos activos de violencia de género (2.079). Además, hay otros 11.137 expedientes 'inactivos'; estos, por determinadas circunstancias no son objeto de seguimiento de forma temporal y pueden reanudarse en cualquier momento.

En cuanto a las víctimas, suman ya 11.563. Su cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2017 eran, al cierre del citado ejercicio, 6.255: ahora superan las 11.000, un 84,8 por ciento más.

Otra de las 'caras' de la violencia de género en Córdoba que parece afianzarse en los últimos años es la que refleja un cambio de tendencia en cuanto a las resoluciones: cada vez hay más sentencias que fallan la culpabilidad del reo, principalmente, en los juzgados de lo Penal.

En este sentido, el mayor porcentaje de condenas a maltratadores se producen en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 93% durante el primer trimestre de 2024. En este caso, los guarismos no han variado de manera significativa y se han mantenido por encima del 90% en el último trienio: 90,8% en 2021; 96,5% en 2022 y 94,3% en 2023.

Los juzgados de lo Penal, por su parte, impusieron condenas en el 74,8% de los casos enjuiciados (de enero a marzo de 2024). Aquí sí se ha visto de manera más clara ese alza de las resoluciones condenatorias, ya que en 2023 el porcentaje fue del 70,3% y en 2021 apenas resultaron condenados el 51,8% de los maltratadores que se sentaron en el banquillo. Llaman la atención estos porcentajes, ya que no responden a un incremento del número total de acusados que llegaron a la sala de vistas; de hecho en 2023 fueron menos (526) que en 2021 (538).

También entre los menores se están registrando más casos de violencia de género y más condenados. Según los datos del CGPJ, en 2021 fueron cinco los acusados imberbes a los que se impusieron medidas por malos tratos; en 2023 se duplicaron.

No obstante, en ejercicios anteriores se han contabilizado más casos. Así, el ejercicio con más procedimientos fue 2019, cuando llegaron a los Juzgados de Menores un total de 17 asuntos. Ese año fueron juzgados 8 menores: siete tenían entre 16 y 17 años y uno que no superaba los 15.

El año de la pandemia fue el que puso a más jóvenes maltratadores ante un togado en Córdoba: nada menos que una docena tuvo que declarar como acusado de delitos de malos tratos: cuatro de entre 14 y 15 años, y el resto, de 16-17, según los datos del informe del Consejo General del Poder Judicial.

El aumento de los casos preocupa y cada vez más en un grupo etario en el que se perpetúan los estereotipos distorsionados de género, en los que los celos son entendidos como muestras de amor, y se valora el control sobre la pareja, ya que se percibe de forma positiva en muchos casos.

Así lo ha puesto de manifiesto esta semana la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha advertido de la violencia de género «existe y en edades cada vez más tempranas».

Este periódico se puso en contacto de nuevo con la decana del Colegio de Procuradores para conocer su opinión al respecto de estos datos, si bien declinó realizar más declaraciones.