Los juzgados cordobeses cierran 2023 con un 23% más de casos sin resolver

Así lo ponen de manifiesto los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado ejercicio 2023 se cerró con la friolera de 52.607 asuntos sin resolver: supone un incremento del 23 por ciento en la comparativa interanual, y son 572 causas más que las que había al cierre del tercer trimestre (52.034).

El impacto de los paros judiciales ha sido devastador y directo. Los primeros en pie de guerra fueron los LAJ; después, les siguieron el resto de funcionarios, con el amago de parón de los jueces y fiscales entre medias. El CGPJ ya vio venir la que se avecinaba: «Se ha producido [en este periodo] una admisión masiva de asuntos que habían quedado pendientes a causa de las huelgas».

Por jurisdicciones, la Civil se lleva, como viene siendo habitual, la peor parte al ser la que acumula un mayor número de causas en trámite: 31.159 de esta jurisdicción tramitándose (un 19,8% más que el año pasado), el 59,2 por ciento del total. Llama la atención el crecimiento porcentual en el número de expedientes a la espera de resolución en el ambito Penal: se ha disparado un 31,6% al cierre de 2023, con 14.128 asuntos en trámite.

Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo tampoco se salvan: en un año, el número de asuntos se ha incrementado un 58,7 por ciento: en diciembre de 2022 acumulaban 315 asuntos en trámite; un año después, la cifra se ha disparado hasta los 500. Estos órganos se ocupan de resolver disputas legales entre los ciudadanos y la administración pública. Estas disputas pueden surgir en una amplia gama de asuntos, incluyendo recursos contra actos administrativos, concursos y licitaciones públicas o asuntos urbanísticos y de medio ambiente, entre otros.

La estadística del CGPJ también hace una fotografía fija de los los juzgados de los Social, cuyos asuntos pendiente siguen al alza, aunque el aumento interanual de causas pendientes es más moderado en esta jurisdicción: de un 13,8 por ciento, al pasar de 1.005 en 2022 a las 1.144 con las que concluyó 2023.

¿Y qué sucedió el año pasado con la ejecución de sentencias? También crecieron los fallos pendientes de ejecución, si bien en este punto cabe hacer una aclaración: en ese paquete se incluyen las resoluciones que se ha iniciado el trámite para su cumplimiento, pero no se dan por concluidas hasta que el acusado no termina de cuimplir la pena impuesta.

De este modo, los 62 órganos judiciales de la provincia registraron 3.638 fallos judiciales y se resolvieron 3.408. Pero las pendientes ascendían a 39.504, un 7,7 por ciento más que al finalizar el cuarto trimestre de 2022.

¿Qué juzgados son los que acumulaban más fallos en trámite al final del periodo 2023? Por jurisdicciones, la Civil, de nuevo, se llevó la palma, con 34.383 sentencias sin resolver, con los órganos de Primera Instancia e Instrucción a la cabeza (16.651). En lo Penal contabilizaron 4.675 sentencias sin cerrar; 384 en lo Social y 62 en la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El último punto que analiza el informe del CGPJ es el relativo a las tasas de congestión, pendencia y resolución. Con respecto a la primera, que revela cuántos asuntos se resuelven a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo, ha pasado de 2,59 en 2022, a 3,10 el pasado año. También se ha desatado la pendencia, otro de los factores clave que sirven para evaluar el funcionamiento de los juzgados: ha pasado de 1,64 a 2,07. Este indicador relaciona los asuntos que se resolvieron durante un año con los que quedaron pendientes.

En cuanto a la resolución (cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados), ha bajado de 1 a 0,95 puntos. Esto significa que está resolviendo menos de lo que ingresa.

Un estudio más minucioso, por órganos judiciales, revela que las peores tasas de pendencia y de congesión las tiene el Juzgado de lo Mercantil, con unas tasa de 7,39 y 6,50, respectivamente: al cierre de 2023 acumulaba 884 asuntos en trámite.

En cuanto a las sentencias ejecutadas, este órgano registró el año pasado 26 y resolvió 19: pero tenía pendientes 703 el pasado diciembre.

Estos datos se explican, en gran parte, debido la ingente cantidad de concursos de acreedores registrados a lo largo de 2023. En concreto, durante el pasado ejercicio se registraron un 167% más de declaraciones de quiebra por parte de las familias, derivadas, principalmente, de las denominada ley de la segunda oportunidad.

Hay que recordar que este mecanismo, al menos, en un principio, estaba principalmente orientado a las personas físicas que con motivo de la fuerte crisis económica de 2008, que habían incurrido en unas deudas insalvables, bien por la actividad económica que ejercían directamente o bien por su condición de fiadores (avalistas) de las sociedades en las que participaban.

Sin embargo, desde el 1 de septiembre de 2020, entró en vigor el texto refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) con el objeto principal de ordenar y aclarar este procedimiento de segunda oportunidad y ha podido propiciar el aumento de estas demandas en los últimos años.

Así, en 2023 se presentaron en el Juzgado de lo Mercantil cordobés 326 concursos por parte de personas naturales no empresarias, casi uno cada día (un 64% más). Fueron 361 concursos en total, contando con los 4 presentados por empresas y 31 de personas jurídicas.