Los planes de residuos en granjas de Córdoba se multiplican por seis en seis años

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Luis Miranda

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Estos datos contrastan con las críticas del PSOE, Izquierda Unida y colectivos ecologistas y ciudadanos sobre el origen estado de la presa de La Colada, y en relación al que aseguran que se debe a que la Administración autonómica no ha puesto los medios para que los dueños de las explotaciones y de las granjas dejen de realizar vertidos nocivos al pantano.

Para entender el contexto hay que hace una precisión normativa. La Junta les exige a los ganaderos planes de control de los residuos desde 2006, que es cuando la Unión Europea (UE) las hizo obligatorias.

En 2015 se produjo un cambio fundamental, que tenía su reflejo en la nomeclatura: si hasta entonces estos programas se llamaban de gestión de residuos, a partir de ese momento pasaron a denominarse planes de gestión de subproductos de la ganadería. En la práctica, la autoridad comunitaria encomendaba a los Estados miembros que reforzaran los controles para minimizar al máximo el riesgo de contaminación a través de los acuíferos o de las aguas subterráneas.

Estos protocolos, añadía la Unión Europea, empezaban a ser exigibles a todas explotaciones intensivas y a las extensivas que operaran de forma puntual con prácticas intensivas. A Córdoba, la modificación normativa le cogió de lleno, puesto que las granjas de vacas de leche, que suponen el 76 por ciento de la producción del Valle de los Pedroches, son de carácter intensivo. Un dato más merece ser tenido en consideración: el 60 por ciento del censo de vacas de leche de Andalucía se encuentra en la provincia de Córdoba.

La foto fija es que el 90 por ciento de las 340 granjas de vacas de leche que hay en Córdoba —con 55.000 cabezas de ganado en total— disponen ya de los planes de gestión de subproductos.

El control de la contaminación difusa de las explotaciones ganaderas —por emplear el término técnico— se realiza de un modo estricto para garantizar que el subproducto se reutiliza al ciento por ciento. El procedimiento comienza cuando los dueños de las explotaciones realizan una declaración de las características de su actividad y de su propiedad a la Junta de Andalucía, en la que han de detallas varias cuestiones.

La primera es relativa a la cantidad de residuos que generan, haciendo una diferenciación entre los estiércoles y los purines; después, los dueños tienen que relacionar las medidas que toman para su reciclaje y dónde se almacenan los restos —por ejemplo, en balsas o piscinas selladas que impidan el vertido al medio ambiente. La última parte del informe de los titulares se centra en el método de recogida de esos desechos.

En este sentido, el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Acosta, señala que «hemos intensificado los controles en las granjas, a las que les pedimos el libro de la explotación: no hay muchas sanciones, porque los propietarios cumplen con sus obligaciones». Acosta recalca que esta labor de la Junta impide que aumente la contaminación difusa de La Colada, que «es un agua estancada y contaminada porque lleva veinte años sin conducciones, lo que impide su renovación».