Juicios suspendidos, órdenes de protección en el aire y retrasos en el estreno del programa informático de Justicia en Córdoba

El pasado 5 de febrero comenzó en funcionamiento el nuevo sistema informático @Adriano en la orden penal tanto para Violencia sobre la Mujer como juzgados de lo Penal e Instrucción. Ya se había implantado meses atrás en los Contenciosos, Social y Civil. En los pueblos se va a implantare en Baena y Montilla a partir del 26 de febrero. Sevilla arranca la semana próxima.

Desde la primera jornada de su entrada en funcionamiento ya hubo incidencias imposibles de subsanar sobre la marcha que llevaron a suspender juicios ya que las salas de vistas no estaban habilitadas con el nuevo sistema implantado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

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El coordinador de los Letrados de la Administración de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, ha recibido un elevado número de incidencias que ha recopilado y las ha elevado a la secretaría de Gobierno del TSJA en Andalucía.

«El primer día hubo incidencias en los juicios porque había salas que no estaban habilitadas y en concreto el Juzgado de lo Penal 5 que tuvo que suspender los juicios previstos para esa fecha, como también ocurrió en el Juzgado de lo Penal 6 (exclusivo de Violencia sobre la Mujer) que tuvo incidencias pero finalmente pudo celebrar vistas«, señala Guerra.

«He recopilado todas las incidencias que me remiten los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que son bastantes, y ayer tuvimos una reunión con los 17 letrados de la Administración de Justicia, de lo Penal, Instrucción, Violencia, registro y reparto de la causas porque se están produciendo muchas incidencias en el reparto tanto de las diligencias previas como de las causas penales y de las que vienen de los pueblos», ha señalado Guerra.

Las principales quejas de los LAJ como responsables de la oficina judicial de los distintos órganos tratan sobre todo de «la falta de control del procedimiento que tiene este sistema; de la existencia de modelos con defectos; falta de información, y que aunque se ha desplegado un número de formadores, no saben resolver los problemas y, por ejemplo, en el Juzgado de lo Penal 2 a día de hoy no hay formadores que se han solicitado pero falta apoyo técnico».

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A esto se suma, denuncia Guerra, «retrasos en las asignaciones de sala de vistas lo que entorpece algunos juicios y después, otro problema importante, es que con la migración de los documentos al nuevo programa Adriano hay documentos que no aparecen y eso es bastante grave».

Durante la última reunión, «los LAJ me han comunicado todas las incidencias y las voy a elevar a la secretaria de Gobierno para Sala de Gobierno del TSJA y a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía».

La situación sigue tensa entre los funcionarios de Justicia a la hora de lidiar diariamente con este nuevo programa. «Puede que estos juicios que tengo sobre la mesa no celebren porque no lleguen a tiempo a las partes», apunta una de las funcionarias de un juzgado de lo Penal a ABC, ante la imposibilidad de entrar en los procedimientos y comenzar a notificar el señalamiento previsto para la semana próxima.

Como medidas para intentar solucionar este «desaguisado», como lo llaman muchos funcionarios de Justicia, desde el Decanato se adoptó la medida de repartir diariamente, -antes era semanalmente- los asuntos que llegan a cada juzgado, y ya, desde este pasado miércoles se hace diariamente este reparto».

Sin embargo, hay otro hándicap en el propio Decanato, que es el encargado de realizar de forma aleatoria ese reparto, y tiene problemas para realizarlo automáticamente. De hecho, advierte Guerra, «desde el Decanato había en el día de ayer 57 causas (diligencias de investigación abiertas) para repartir y sin embargo el sistema que debía hacer el reparto aleatoriamente se deja algunos sin enviar por lo que que hay que revisar uno a uno para que no se quede ninguno atrás sin repartir».

Otras de las medias que se han tomado, mientras la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía -que ha declinado hacer declaraciones al respecto a ABC- que todas las diligencias previas que se ven en la guardia que van para reparto, se remitan al día siguiente como máximo al juzgado para reparto. Guerra explica, que han constatado los letrados de Justicia que «si se produce dilación en esa remisión hay después problemas con la fecha de incoación y con la búsquedas de las diligencias previas». La Junta ha anunciado que reforzará el Juzgado de Guardia con un formador. -Hay un formador por cada diez funcionarios para cada órgano judicial durante la implantación-, según ha afirmado la Consejería de Justicia.

El ensayo piloto, recuerda este secretario coordinador en Córdoba, fue en Huelva el año pasado y ya «no funcionaba, luego la implantación fue en Jaén pero en Córdoba es la primera provincia grande donde se ha implantado».

Los funcionarios están indignados. «Nos dijeron que iba a ser un programa intuitivo, papel cero, pero estamos convencidos de que es un sistema que no lo han hecho con conocimiento del trabajo que realizamos, que no saben cómo trabaja un tramitador o un gestor en un juzgado de Penal, en una Guardia, los expedientes que hay que incorporar ....», lamenta a ABC uno de estos funcionarios de Justicia.

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Esta misma línea es la que denuncian desde el sindicato CSIF la delegada de Prevención y Formación en Justicia, Fátima Molina. «Los formadores no tienen conocimientos de Derecho Procesal y los últimos afectados son los ciudadanos; detrás de cada asunto hay personas a las que se les pueden vulnerar sus Derechos fundamentales; a su vez, con este nuevo sistema los ususarios de Justicia tienen tienen que acudir más veces al juzgado». Este sindicato mayoritario recuerda que uno de los problemas está en la «premura por la implantación que por contrato suscribió la Junta de Andalucía en 2016 que debe estar hecha el 24 de junio».

De hecho, pese que a que hace más de dos meses que se implantó este sistema ya en los juzgados de Primera Instancia, por ejemplo, sigue habiendo incidencias, al igual que en el Contencioso -una jurisdicción con menos carga y menos partes- parece que ya se están haciendo con este programa, está más rodado», explica el secretario coordinador.

«Exigimos que se resuelvan las incidencias que hemos reportado con la mayor celeridad», concluye. La Consejería de Justicia ha respondido a ABC que «es consciente de las incidencias que se han venido dando, pero también que ya estas o son de carácter leve o están subsanadas».

Es lógico, según ha señalado la Junta, «que ante cualquier cambio, y más de uno de esta importancia, se produzcan errores y agradecemos a todos los funcionarios de Justicia, a los LAJ, a los jueces y a los profesionales de la Justicia el esfuerzo que están realizando para adaptarse a este cambio. Estamos convencidos que merece la pena, dada las prestaciones de este sistema «que va a permitir la verdadera digitalización de los juzgados y la ansiada interconexión», añade la Junta.

Por su parte, el sindicato SPJ-USO de Justicia ha reconocido a ABC que el cambio más significativo que iba a suponer esta herramienta era el tránsito de una aplicación de escritorio instalada en el equipo informático a un aplicativo con vínculo en la nube, lo cual debería ser mucho más versátil, como la del teletrabajo. En otros frentes, la notificaciones a procuradores, por ejemplo, han mejorado bastante aunque aún se precisan varias mejoras adicionales. Para SPJ, este nuevo sistema adolece de aspectos visuales como el negociado, código o número de asignación para cada funcionario, que deberían ser evidentes y saltar a la vista.

A su juicio, los escritos presentados en los procedimientos deberían reflejar a simple vista tanto la fase y estado en el que se encuentra dicho procedimiento como el negociado o número por el que se asigna a cada funcionario, de lo contrario hay que abrirlos uno por uno para verificar a cargo de quien están. La modificación de los documentos firmados se ha hecho, según USO, mucho más compleja, pues se precisa un trámite de anulación y cancelación más farragoso que el dispuesto en el aplicativo previo. Como positivo, a juicio de estos sindicatos, «el encadenamiento procesal de modelos para la tramitación guiada está mejor automatizado».