Unos 75 jueces y 37 fiscales están llamados a la huelga contra la reforma de la Justicia en Córdoba este martes

El Comité de Huelga compuesto por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales dado que se trata de un servicio público esencial para el adecuado funcionamiento de la Justicia y la atención a los ciudadanos ha comunicado la necesidad de «establecer servicios mínimos imprescindibles«, entre los que se encuentra que no podrán suspenderse los juicios con causa con preso. En un comunicado, al que ha tenido acceso ABC, el Comité de Huelga recoge que ante la ausencia de una determinación concreta y precisa por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado, los convocantes de la huelga fijan y detallan unos servicios mínimos, que deberán ser respetados por jueces y fiscales en servicio activo.

Por su parte, el delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura en Córdoba, el juez Antonio Puntas, ha explicado este martes a ABC que «en ausencia de retirada del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, este martes dará comienzo la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio. Huelga a la que están llamados todos los jueces y fiscales de Córdoba».

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Las asociaciones convocantes, ha insistido Puntas, «mantienen firmemente que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. Como derecho fundamental, ha apostillado, «no cabe interpretación restrictiva, de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión«.

Tal y como establece la Sentencia 11/1981, de 8 de abril, del Tribunal Constitucional, ha recordado el juez Puntas, «se trata de un derecho de titularidad individual, que cada persona puede ejercer de manera autónoma y sin necesidad de autorización o comunicación previa.

El acuerdo del Pleno del CGPJ, de 26 de junio, en su punto número 5, dispone que «tomando en consideración la realidad de paros anteriores (años 2009, 2012, 2013, 2018 y 2019) así como la duración señalada en la comunicación recibida, de tres días, declarar que, en ningún caso, este nuevo paro, de producirse, debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarisimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial.«

Ante la falta de fijación oficial de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado, respetando el sentido de las referidas indicaciones y el propio derecho a la huelga reconocido constitucionalmente, el Comité de Huelga constituido por las asociaciones convocantes han establecido los criterios para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía, sin desvirtuar el derecho de huelga.

A juicio del delegado de la APM en Córdoba, «hay razones bastantes para estar preocupados. Por eso animamos a todos los compañeros a ejercer su derecho fundamental a la huelga en defensa de la independencia judicial, del Estado de Derecho, en definitiva, de nuestra democracia».

Por su parte, la jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, ha declinado hacer cualquier manifestación al respecto a ABC al igual que el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano y el propio fiscal provincial Fernando Sobrón, alegando que «no tiene nada que decir de este anuncio de huelga».