Unos 200 jueces y fiscales se manifiestan en Córdoba contra la reforma judicial del Gobierno de Sánchez

El delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura en Córdoba (APM), Antonio Puntas, ha dado lectura al manifiesto común que se ha reproducido en las principales sedes judiciales del país. Entre quienes han secundado el paro judicial y fiscal se encontraban el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, el fiscal jefe provincial, Fernando Sobrón; el fiscal decano José Antonio Merlos, el teniente Fiscal, Manuel Carlos Jiménez; el decano de los Abogados, Carlos Arias; la decana de los Procuradores, María Dolores Carralero; entre los magistrados y fiscales de la Audiencia Provincial y de todos los juzgados de Córdoba.

El manifiesto suscrito por las asociaciones convocantes recoge que «la independencia judicial es clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».

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El manifiesto continúa señalando al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatutoorgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas «contra las que hoy reaccionamos con este paro». «El primero, tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna», han manifestado. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los convocantes del paro han explicado que se trata de una reforma legal que va a «rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración». Así mismo, y entre otras medidas, han denunciado que se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, «con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

Pero, sobre todo, ha leído Puntas, «poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

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Sobre el segundo anteproyecto referido han afirmado que se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

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Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales «que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos».

Según han expresado, «la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país». Jueeces y fiscales son tajantes en sus críticas al asegurar que «se quiere convertir al Poder Judicial en un poder con minúsculas, más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder».

Por todas estas razones, han concluido jueces y fiscales, «pedimos la retirada de ambos proyecto». No descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga. De igual modo han reclamado una «masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».