Caso Infraestructuras | El juez cita a declarar como investigados a ocho empresarios y al jefe de Alumbrado Público

El juez tomará primero declaración de un lado, al perito autor de la auditoría que dio lugar a la denuncia en Fiscalía y a dos empresarios testigos de esas supuestas irregularidades en la concesión de contratos, que se quejaron ante el entonces concejal de Infraestrucutras de Cs David Dorado.

Tras estas primeras declaraciones, el juez instructor comenzará a llamar a los investigados en esta causa por presuntamente poner barreras para impedir que otros accedieran a la adjudicación de un contrato con la Unidad de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Córdoba.

Por tanto, en este segundo turno de declaraciones el juez del caso llamará a nueve imputados en esta causa. El primero será el jefe de Alumbrado Público en el Ayuntamiento de Córdoba, y le seguirán ocho empresarios, en su mayoría cordobeses, relacionados con servicios o material de ingeniería eléctrica o informática. Estos nueve investigados -acompañados por sus abogados- deberán dar cuenta de las presuntas irregularidades que han llevado a la Fiscalía de Córdoba a ver indicios de delito de tráfico de influencias y prevaricación dentro del área de Infraestructuras.

Entre las líneas que apuntaba la Fiscalía como irregularidades estaban que se hubieran fijado unos requisitos específicos para contratos sólo con luminarias de un único fabricante y marcas concretas de cuadros de mando, o el hecho de que se celebraran antes de iniciarse el concurso las reuniones entre el responsables del Área y los empresarios que optaban a ese procedimiento.

El juez ha llamado como investigados por esos presuntos delitos tanto al jefe de Área de Alumbrado Público como a las ocho empresas «por su posible cooperación».

La conclusión a la que llegaba el Ministerio Público -a raíz de la denuncia de Dorado- al elevar la denuncia al juzgado es que «el jefe de la unidad de Alumbrado dictó resoluciones manifiestamente injustas y arbitrarias que favorecían a determinadas sociedades (...) y tenía influencia en sus superiores y, por tanto, influencia para dirigir los procesos de contratación hacia determinadas empresas, marcas y modelos».

La denuncia surgió tras las supuestas quejas de otras empresas a Dorado que fueron excluidas de adjudicaciones al argumentar el jefe de la unidad razones como que «no tenían solvencia técnica» y otras actuaciones o presunta mala praxis, que fueron aportadas en un informe técnico sobre los años 2015-2020 en la denuncia que presentó junto a una auditoría el ex concejal de Infraestructuras ante la Fiscalía de Córdoba.

El Ministerio Público concluía en su escrito elevado al juez que «tras el análisis de la documentación obrante en el procedimiento y la práctica de las diligencias consideramos que existen indicios de que el jefe de la unidad de Alumbrado Público hubiera podido favorecer la adjudicación de contratos a determinadas empresas en perjuicio de otras». La Fiscalía divide las actuaciones de este jefe en dos conceptos diferentes: de un lado, favoreciendo a fabricantes de luminarias; y, de otro, en el apartado de la instalación de cuadros de mando.