Fiscalía aprecia «resoluciones arbitrarias e injustas» en el alumbrado público

La conclusión a la que llega el Ministerio Público es que «el jefe de la unidad de Alumbrado dictó resoluciones manifiestamente injustas y arbitrarias que favorecían a determinadas sociedades (...) y tenía influencia en sus superiores y, por tanto, influencia para dirigir los procesos de contratación hacia determinadas empresas, marcas y modelos».

El decreto firmado este pasado mes de julio por la fiscal especialista en Delitos Económicos y Anticorrupción, Esther González, al que ha tenido acceso ABC, detalla cómo han denunciado estas prácticas empresas nacionales e internacionales excluidas de adjudicaciones al resolver el jefe de la unidad que «no tenía solvencia técnica»..., y así hasta un sinfín de actuaciones o presunta mala praxis aportadas en un informe técnico relativa a los años 2015-2020 mediante una denuncia que presentó junto a una auditoría el ex concejal de Infraestructuras David Dorado (Cs) ante la Fiscalía de Córdoba.

La representante del Ministerio Público recoge en su escrito que «tras el análisis de la documentación obrante en el procedimiento y la práctica de las diligencias acordadas consideramos que existen indicios de que el jefe de la unidad de Alumbrado Público de Córdoba «hubiera podido favorecer la adjudicación de contratos a determinadas empresas en perjuicio de otras en proyectos que incluían luminarias y/o cuadros de mando para su instalación en la ciudad de Córdoba, y su mantenimiento«.

El Ministerio Fiscal divide las actuaciones del jefe del alumbrado público en dos conceptos diferentes: de un lado, favoreciendo a fabricantes de luminarias; y, de otro, en el apartado de la instalación de cuadros de mando en Córdoba.

En el caso de las luminarias, la fiscal concluye que de la investigación pone de manifiesto que dicha luminaria concreta ha sido instalada en numerosas ocasiones en proyectos de capital. Se trata, «de una luminaria cuya distribución corresponde a un único representante comercial en Córdoba, según la denuncia formulada, y que, en los pliegos de prescripciones técnicas, en el proyecto, memoria y en los precios simples descompuestos reiteradamente se especifica la luminaria concreta y de esa marca«.

Como ejemplo, la fiscal recoge que en uno de los expedientes del año 2017 se firmó el contrato con la empresa adjudicataria de los dos lotes por importes de 441.112 y 449.457 euros, respectivamente. En este caso se califica como 'contrato administrativo' de obras y se indica que no es necesaria la publicación en el Diario Oficial de la UE, por lo que únicamente se publicó en el BOP, y tramitación por procedimiento de 'urgencia'.

La Fiscalía cree que la calificación del contrato en este caso «debería haber sido como contrato de suministro y que podría haberse alterado con esa calificación la obligatoridad de publicarlo en el Boletín Oficial de la UE«.

El decreto analiza el pliego de prescripciones técnicas elaborado en noviembre de 2016 firmado por el responsable de la unidad en el que intenta justificar la inclusión de la luminaria de marca específica «porque se pretende establecer unos mínimos de calidad y diseño que de otra forma sería difícil«. No fue el único expediente en el que este jefe de Alumbrado recogía expresamente estas especificaciones con luminarias concretas, hubo muchos más.

En cuanto a la instalación de los cuadros de mando, la fiscal considera en su decreto que «este jefe de la unidad de Alumbrado, omitiendo los procedimientos establecidos, adjudicaba la prestación de determinados servicios arbitrariamente a determinadas empresas, con las que según las declaraciones prestadas existe una relación de carácter personal, en los mismos términos que una de las principales empresas adjudicatarias».

Es decir, la fiscal está convencida, a tenor de la investigación, de que la decisión política de realización de determinados proyectos correspondía a la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento «pero lo cierto es que la redacción de los poyectos se encarga al jefe del área de alumbrado municipal que es quien emite los informes relativos a la necesidad de actuación».

En este modo de operar, según la fiscal, «se establece en los pliegos de prescripciones téncinas una luminaria concreta, un determinado cuadro de mando con un sistema de telegestión y software y hardware en un elevado porcentaje de los expedientes analizados de marca concreta«. Este extremo iría en contra de la Ley de Contratos del Estado al introducir esas especificaciones que conducen a marcas y modelos concretos, recoge el decreto judicial.

De esta forma, según el decreto de Fiscalía, que «se evita la concurrencia real de las empresas interesadas en realizar proyectos ofertados por la Adminstración pues según la denuncia presentada existen reuniones previas con estas empresas que tendrían un conocimiento privilegiado que pudo favorecre la elaboración de documentación y otras exigencias de contratación para que se acomodaran a lo que recogía en los pliegos de condiciones«.

Respecto a los sobrecostes de los que hablaba la denuncia de Dorado y que podrían superar ese 40 por ciento en luminarias, la Fiscalía hasta el momento no los ve acreditados, independientemente de que se amplíe la investigación, como tampoco responsabilidades de índole política en el caso.

La fiscal sí recoge respecto a la participación en estos hechos de los administradores y representantes de las empresas adjudicatarias, su actuación integraría lo que el TS denomina «cooperación necesaria» por realización del hecho conjuntamente, a partir de un previo acuerdo entre los participantes para llevar a cabo el proyecto común, que no es otro que hacerse con la adjudicación pública sin competencia.