La huelga de los letrados de la Administración de Justicia deja ya 2.550 actos judiciales suspendidos en Córdoba

Ha explicado que los actos judiciales suspendidos que rozaban los 2.000 (entre juicios y declaraciones) hace dos semanas se elevan ya a cerca de 2.550. Porque, ha apuntado, la pasada semana hubo unas 300 vistas y otras 250 declaraciones que no pudieron realizarse. García ha puntualizado que en la práctica esa cifra es 'superior' a la que están facilitando, porque «damos las cifras que nos reportan los letrados de Justicia, pero hay compañeros que no están ni entrando al sistema».

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Valerio Merino

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Otro elemento en el que se deja sentir esta huelga es en el dinero que hay paralizado en cuentas corrientes por sentencias o disposiciones judiciales que no salen adelante. A fecha de mediados de febrero, esa cifra en Córdoba era de entre 25 y 30 millones. No ha habido actualización de esa cantidad, pero el portavoz de UPSJ en Córdoba sí advierte de que esa cantidad debe «haber aumentado».

Ha añadido que, cuando se ponga fin a este conflicto laboral, «costará arrancar de nuevo el sistema judicial». «Costará muchísimo trabajo -ha incidido-. Porque, una vez volvamos a trabajar, habrá que, primero, retomar lo que se ha suspendido o hacer lo que no se ha podido hacer mientras estamos en huelga», ha indicado.

Será un «retraso» para el sistema de administración de Justicia. «Ya lo dijimos el primer día de paro, cuando vimos el seguimiento», ha sostenido, para luego criticar la actitud del Ministerio de ramo. «No nos la explicamos. Han esperado al 16 de febrero para iniciar las negociaciones», ha denunciado.

Para calibrar el impacto sobre dicho sistema, baste recordar que cuando aún no se habían alcanzado ni dos semanas de paro el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, ya se mostró «muy preocupado por el daño considerable» que esta huelga estaba provocando a este servicio público, debido «al aplazamiento de juicios y al retraso de trámites» que supone. Y el 9 de febrero era el Colegio de Abogados de Córdoba el que denunciaba las «graves consecuencias» de esta protesta laboral. «Este paro está provocando un daño totalmente desproporcionado, pues se están suspendiendo innumerables juicios y trámites judiciales, que de por sí ya acumulan un retraso considerable», advertía este colectivo profesional.

En el origen de este paro están viejas reivindicaciones económicas -hunden sus raíces en 2009 cuando este colectivo de funcionarios asumió nuevas competencias pero sin aumento de sus retribuciones- pero también demandas relativas a su carrera profesional, de cara a su mejora.

En 2022, ya se vivió un episodio de huelga de este colectivo. Pero fueron en tres jornadas de enero y marzo. En abril, iban a continuar con las protestas, pero alcanzaron un acuerdo con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Lo fundamental en aquel diálogo fue un compromiso para la mejora de las retribuciones de los letrados de justicia, que finalmente no se materializó.