El Colegio de Abogados de Córdoba denuncia las «graves consecuencias»de la huelga de letrados de la Administración de Justicia

« Este paro laboral está provocando un daño totalmente desproporcionado, pues se están suspendiendo innumerables juicios y trámites judiciales, que de por sí ya acumulan un retraso considerable», ha significado la organización profesional en un comunicado.

Para el Colegio, el hecho de que los LAJ no informen de las suspensiones de señalamientos y demás diligencias judiciales hasta el mismo momento de la hora fijada para su celebración está provocando numerosas incidencias, obligando a los abogados y sus clientes «a desplazarse y perder su tiempo y su dinero; algo que podría evitarse si se tuviera consideración con ellos y se avisara de la suspensión con antelación suficiente».

Los abogados cordobeses entienden que la huelga indefinida «está paralizando la Administración de Justicia y llevando a los juzgados de la provincia de Córdoba a una situación de caos absoluto», lo que, a su juicio, viene a sumarse a su endémico atasco y produciendo un colapso generalizado como consecuencia del bloqueo de la oficina judicial.

«Lo más sangrante es la demora indefinida que esta huelga está provocando en el libramiento de fondos de la cuenta de consignaciones judiciales, lo que impide que muchas personas en situación de especial vulnerabilidad puedan recibir del juzgado las cantidades de dinero a que tienen derecho (pensiones, indemnizaciones…). Esto podría acarrear graves consecuencias para los responsables de la gestión de dichas cuentas, que parece no han sido tenidas en cuenta por los huelguistas», han aclarado desde la organización profesional.

Desde la Abogacía de Córdoba ruegan al Ministerio de Justicia que se reúna con urgencia con los representantes de los Letrados de la Administración de Justicia y lleguen a un acuerdo de inmediato. A los huelguistas les reclama que «tengan consideración y respeto hacia las personas para quienes trabajan, no demorando más la vuelta a su actividad laboral y adoptando las medidas necesarias para evitar pérdidas de tiempo y dinero a los ciudadanos y los profesionales».