Paro de los funcionarios
Los abogados cordobeses estallan ante las huelgas en Justicia: «Como no se solucione pronto, vamos a la ruina»
Tras la huelga de los LAJ, que ha dejado retrasos en señalamientos de más de un año, el anuncio de los funcionarios de detener la actividad dibuja un panorama «insostenible» para los letrados
Los funcionarios de Justicia de Córdoba abandonan los paros parciales para pasar a la huelga general
D.Delgado
Córdoba
«Como no se solucione pronto la huelga anunciada por los funcionarios de Justicia, los abogados vamos a ir a la ruina». Así de contundente se ha mostrado esta mañana el decano de los letrados cordobeses, Carlos Arias, en una comparecencia ... en la que ha manifestado su preocupación ante una «situación insostenible».
Después de que los LAJ (Letrados de la Administración de Justicia) parasen la actividad durante dos meses (lo que ha supuesto en Córdoba la suspensión de unos 3.000 actos judiciales y retrasos de más de un año), ahora son los funcionarios los que han anunciado una «huelga general de jornada completa» para los próximos días 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo. Reclaman una subida salarial «digna», similar a la de los 450 euros aprobados para los LAJ, y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que «impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación».
Ante este panorama, Arias ha denunciado que «hemos entrado en una especie de bucle» y esta paralización de la Justicia viene a dar «la puntilla» a la mala situación que ya arrastraba esta administración, que se ha visto empeorada por la pandemia del coronavirus.
El decano del Colegio de Abogados cordobés ha recordado el paro que convocó su colectivo en 1996, pero entonces «el Tribunal Supremo nos dijo que por meras reclamaciones salariales no se podían vulnerar la tutela judicial efectiva. Ahora está sucediendo lo mismo, pero está claro que no se aplica el mismo rasero».
La ciudadanía, la gran perjudicada
En este sentido, Arias ha criticado, además, que «tanto los LAJ como los funcionarios tendrán su nómina a final de mes, algo que no sucede con los abogados, que nos hemos quedado sin facturar desde el 26 de enero [cuando arrancó la huelga de los LAJ] y que ahora vamos a volver a sufrir las consecuencias de estos nuevos paros, junto a la ciudadanía, que es, sin duda, la gran perjudicada de todo esto».
El decano ha lamentado que muchos abogados están dejando de abrir sus despachos, gastando sus ahorros o endeudándose ante la falta de ingresos. «Además, con estos paros, la gente se piensa si acude a la Justicia».
El abogado ha descatado que los letrados son la «cuarta pata» de la Justicia, por lo que ha hecho un llamamiento para que se tenga en cuenta y se respete al colectivo al que representa, recordando que durante la huelga de los LAJ «la inmensa mayoría de las suspensiones no se han avisado con antelación y esperamos que ahora no suceda lo mismo. Confiamos en que los huelguistas tengan esa consideración, con nosotros y, sobre todo, con los ciudadanos».
«La Justicia es un sector público que no puede estar sometido a una reclamación salarial»
En este punto, Arias ha incidido en que no se opone al ejercicio de los paros en sí, sino al hecho de que se prolonguen en el tiempo, con el preceptivo daño que pueden ocasionar. «La Justicia es un sector público que no puede estar sometido a la reclamación salarial», ha dicho.
Sobre la posiblidad de que jueces y fiscales se unan a la huelga indefinida de los funcionarios, el decano de los abogados de Córdoba ha expresado su «confianza» en que «sean sensatos» y no secunden los paros. «Les tengo tanto respeto que sería una decepción tremenda si al final se uniesen».
Sobre las posibles soluciones, Arias ha dicho que «lo primero y más urgente que tienen que hacer las partes implicadas es sentarse y dialogar, tratar de llegar a acuerdos lo antes posible. Tienen que tener predisposición y buena voluntar, y tener en cuenta las circunstancias económicas actuales».
El decano ha aprovechado para destacar que muchos de los problemas que arrastra la Justicia se deben a que está «obsoleta; el sistema no funciona». Así, ha reclamado más medios, un cambio en la legislación que sirva para agilizar procedimientos que ahora se eternizan debido a la excesiva burocracia.
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