Los funcionarios de Justicia siguen los pasos de los letrados judiciales y exigen subidas salariales

La primera acción reivindicativa ha tenido lugar a las 12.30 horas de hoy con una concentración de los delegados de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia. Posteriormente, como informó ABC, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (el Ministerio, juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10 a 13 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada y una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.

Los sindicatos reprochan al Ministerio de Justicia su «nula voluntad» para ofrecer una subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia «en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados»

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De forma paralela a la concentración de este miércoles, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia. Estrenarán esta ronda con Unidas Podemos.

Los convocantes aseguran que el propio Ministerio que dirige Pilar Llop ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un Cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, y por este motivo, una vez acordada la subida a los letrados judiciales (tras dos meses de huelga), esa decisión afectar también a los funcionarios que comparten con ellos el trabajo diario en los juzgados.

A su juicio, si algo ha puesto de manifiestos la huelga de los LAJ es que la eficiencia de la Justicia «no pasa por los tribunales de instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia».

En este sentido, al término de la concentración de esta mañana, el responsable de Justicia de CSIF Javier Jordán ha señalado que los funcionarios de Justicia están "hartos de realizar funciones por encima de las establecidas legalmente" sin que el Ministerio de Justicia se lo reconozca. No es cierto que haya una atribución de 600 funciones a un solo cuerpo de la Administración de Justicia (en referencia a los LAJ), esas 600hfunciones se realizan por todos los cuerpos y si ha habido un reconocimiento económico para uno de ellos, lo tiene que haber para el resto. El propio Ministerio lo ha reconocido en documentos oficiales, que una modificación en las retribuciones de un cuerpo tiene un efecto en cascada".

Jordán ha instado a la ministra a que convoque la mesa de negociación y que presente una oferta "concreta y razonable para que podamos negociarla y llegar a una solución pacífica".

Los sindicatos ya hicieron una propuesta tanto en términos económicos como de mejora del servicio público pero se quejan de no haber recibido respuesta del Ministerio. "Hay un sentimiento de ofensa por parte de los 45.000 funcionarios de Justicia que sabemos el trabajo que desarrollamos en el órganos judiciales", ha señalado Jordán, que no ha ocultado que han recibido "presiones" durante la huelga de los LAJ "para que no trabajáramos cosas que ordinariamente se estaban sacando adelante sin la presencia de los LAJ. El caso más significativo, el de los juicios, pero hay otros muchos".

A su juicio, la reforma que necesitan los juzgados es precisamente de "redefinición y clarificación de esas funciones" y de reconocimiento retributivo a cada cuerpo por el trabajo que realiza. "Queremos dar un paso adelante y decirle a la ciudadanía que en la Administración de Justicia hay profesionales de todo tipo suficientemente capaces para mejorar el servicio público, agilizar la justicia, que es lo que todos queremos, pero eso pasa un reconocimiento retributivo del trabajo que hacemos", ha dicho Jordán.

El representante sindical ha recordado que en los juzgados son los funcionarios de Justicia los que llevan todas las actuaciones judiciales: "en cualquier resolución, en cualquier trámite hay un funcionario de un cuerpo general de la Administración de Justicia que lo está realizando". Y ha sostenido que si bien en la celebración de juicios puede haber problemas de interpretación en torno a la presencia o no del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), la presencia del auxiliar judicial es obligatoria en sala. "Si no está el auxilio judicial no se van a poder celebrar los juicios", ha advertido. Pero también están en peligro otros trámites, como las conciliaciones o el otorgamiento de poderes apud acta que se están desarrollando actualmente sin la presencia a del juez y del letrado "por razones de eficiencia".

Para Jordán la reforma de la justicia no consiste en gastarse "unos cuantos millones de euros en unos programas informáticos que siguen sin funcionar y en cambiar de nombre a los juzgados. La solución de los problemas de la justicia pasa por sus profesionales".

Las movilizaciones de los funcionarios de Justicia llegan en un momento especialmente complicado para los Tribunales, que estaban reactivando su actividad después de la parálisis de dos meses que ha implicado la huelga de los LAJ. Desde el 24 de enero al 28 de marzo se suspendieron en toda España 400.000 juicios y vistas, se dejaron de repartir 480.000 demandas y 1.500 millones de euros permanecieron bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados.