Condena de prisión para un administrador judicial en Córdoba por usar fondos de la empresa en quiebra para gastos de supermercados y restaurantes

Según consta como hechos probados en la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el acusado, tras asumir la administración judicial de las empresas, debía elaborar un informe de viabilidad en un plazo de dos meses y presentar rendiciones de cuentas periódicas trimestrales y finales. Sin embargo, durante su gestión se produjeron retrasos en la elaboración de dicho plan y en la rendición de cuentas, así como conflictos por el nombramiento de su esposa como representante legal de las sociedades en distintos procedimientos.

En ese periodo, según el fallo judicial, el administrador realizó disposiciones de fondos de las empresas a su favor y a favor de terceros vinculados, incluyendo transferencias a la cuenta de su esposa y pagos a su bufete, sin que se justificara de manera legal el destino de esos importes. En total, se acreditaron movimientos por 106.676,90 euros, de los cuales 89.336,50 euros fueron considerados disposiciones indebidas o no justificadas, descontando los gastos aprobados judicialmente y los pagos a terceros autorizados.

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La acusación recogía en su escrito que el acusado detraía de las distintas sociedades cantidades periódicas de dinero a favor de su cuenta corriente y desde ahí realizar los distintos pagos sociales así como pagos estrictamente personales y en su propio beneficio. En concreto pagaron desde las compras en supermercados a concesionarios de coches, restaurantes incluso hoteles sin ninguna relación con su tarea encomendada en el grupo empresarial.

En concreto, el acusado cesó en su cargo de administrador judicial en diciembre de 2017 requiriéndole el juez que rindiera cuentas. En enero de 2018 el acusado presentó en el Juzgado de lo Social la rendición de cuentas de la totalidad del importe dispuesto y referido anteriormente, que no fue aprobada, acordándose la obligación por parte del acusado de devolver estas cantidades -esos 89.000 euros- por disposiciones cuyo gasto no quedó acreditado y a la parte ejecutante en otra cantidad, que no ha sido devueltas, ni han quedado acreditado que fueran gastos relativos al cargo que le fue encomendado.

El tribunal subraya en la resolución judicial -apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- que estas actuaciones constituyen un «abuso de las facultades conferidas a un administrador judicial, provocando un perjuicio económico considerable a las sociedades afectadas«.

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Además de la pena de prisión, el tribunal le impone la inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de cinco meses y quince días de multa con una cuota diaria de 20 euros y la obligación de indemnizar a las empresas afectadas por el total del perjuicio que alcanza los 89.336,50 euros.

Por su parte, la sentencia absuelve a la esposa del condenado, de los delitos de malversación impropia y, alternativamente, de administración desleal o apropiación indebida que se le imputaban, -al no considerar que no se puede considerar a tenor de las pruebas cooperadora necesaria en los delitos del acusado- declarando de oficio la mitad de las costas procesales.

El fallo, facilitado por el TSJA, recalca que, aunque inicialmente se investigaba a F. J. por malversación y apropiación indebida, los hechos encajan finalmente en la figura de administración desleal, al haberse producido disposiciones de fondos con abuso de las facultades conferidas en su cargo de administrador judicial.