Cancelación de licencias de pisos turísticos en Córdoba: unos 70 expedientes logran una prórroga de seis meses

Así lo aseguran desde Aguirre Donate Verasategui Abogados, que ha tramitado dichas alegaciones. En todos los casos en los que ha intervenido el despacho -salvo en dos, en los que se rechazaron inicialmente las reclamaciones por error, pero ya se ha subsanado el equívoco-, se han aceptado las impuganaciones presentadas y ampliado el plazo legal para resolver hasta mayo del próximo año.

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Durante todo este proceso, según explican desde el citado despacho, las viviendas afectadas pueden seguir ejerciendo su actividad turística con normalidad.

Pese a estos avances, desde Aguirre Donate Verasategui se insiste en la falta de transparencia y en la generalización injustificada de los procedimientos. «En todos los expedientes analizados se detecta un mismo patrón: Urbanismo no está aportando el expediente completo ni realiza un análisis individualizado de cada licencia. En su lugar, remite notificaciones idénticas a todos los titulares, sin considerar las particularidades urbanísticas de cada vivienda, algunas de ellas ubicadas en zonas claramente turísticas o reconvertidas desde locales comerciales», afirma Rafael Aguirre, miembro del citado despacho.

Por otro lado, según apunta el letrado, durante el mes de agosto se han intensificado las notificaciones de apertura de procedimientos de cancelación, que se envían por correo electrónico a los titulares de las viviendas. «Muchas personas no están atentas a su bandeja de entrada, por lo que podrían perder plazos clave. Es importante recordar que, aunque agosto sea considerado mes inhábil en el ámbito judicial, en el procedimiento administrativo sí corren los plazos». Una vez abierta la notificación, hay 10 días hábiles para presentar alegaciones.

«Por ejemplo, si la notificación se envió el 12 de agosto, el plazo para responder se extendería hasta la primera semana de septiembre, considerando los días hábiles y el margen para abrir la comunicación electrónica», explica el abogado.

En este sentido, recomienda especial atención a quienes hayan solicitado la licencia en 2024, «ya que es muy probable que estén recibiendo -o vayan a recibir en breve- el acuerdo de cancelación de su expediente».

Aunque el procedimiento se inicia a instancias del Ayuntamiento de Córdoba, la competencia final para resolver y cancelar las licencias corresponde a la Junta de Andalucía, que debe valorar tanto la información enviada por el Consistorio como las alegaciones de los propietarios.

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Desde Aguirre Donate Verástegui también se subraya la necesidad de que el Ayuntamiento adapte el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) a la realidad actual, como ya ha hecho Sevilla, permitiendo viviendas turísticas en locales y primeras plantas de edificios residenciales.

Existe esperanza de resoluciones favorables. Si no se obtiene una respuesta positiva en vía administrativa, la vía judicial sigue abierta para los afectados.

La Junta de Adalucía informó esta semana de la cancelación efectiva de un total de 679 viviendas con fines turísticos (VUT) en la provincia de Córdoba -de ellas, 569 en la capital- desde 2024 hasta la fecha.