Según los datos a los que ha tenido acceso ABC, se trata de unas 600 revocaciones sobre las declaraciones responsables que en su día tramitaron los dueños de estas viviendas ante la Gerencia de Urbanismo, órgano que le está suministrando la información a la Consejería de Cultura, turismo y Deporte, la encargada de enviar estas notificaciones que ya han levantado las primeras ampollas.
Así, la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) ha puesto de manifiesto esta circunstancia y ha explicado que está contactando con «gabinetes jurídicos y de arquitectura para ofrecer defensa legal a sus asociados».
«Constatamos con perplejidad y tristeza cómo desde esas mismas administraciones se apoya la apertura de otros tipos de establecimientos como apartamentos turísticos y hoteles, propiedad en su gran mayoría del lobby hotelero o fondos de inversión», alega esta asociación que preside Matilde De-La Hoz.
Avacor entiende que hay una «disparidad de criterio y desatención» con los dueños de viviendas de uso turístico, que «son casi en su totalidad nuestros conciudadanos», expresa ahora este colectivo.
Lo que alega la Junta de Andalucía en su notificación es que los propietarios no cumplen con el decreto reciente sobre esta materia y por lo tanto no concuerda lo expresado en la declaración responsable con la realidad y los requisitos de la normativa.
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