La Junta cancela 679 viviendas de uso turístico en Córdoba, 569 en la capital

En el conjunto de la comunidad autónoma, las cancelaciones alcanzan las 10.266 viviendas turísticas, fruto de procedimientos iniciados tanto de oficio como a instancias municipales, motivados por incumplimientos relacionados con la normativa urbanística y turística vigente. Los datos han sido facilitados por la Dirección General de Ordenación Turística de la Junta.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha valorado positivamente estas cifras, que considera resultado de una estrategia que «no está pensada solo para el visitante», sino que pone al residente en el centro de la planificación turística.

«Vimos la necesidad de trabajar codo con codo con los ayuntamientos, que son los competentes para diseñar su modelo de ciudad», ha explicado Bernal, quien ha anunciado además que la Junta firmará convenios con distintos municipios cordobeses para reforzar el control sobre las viviendas turísticas.

El titular de Turismo ha destacado también la mejora de la coordinación entre administraciones y la agilidad en la tramitación de los expedientes como claves del avance. «Con las cifras de hoy queda demostrado que el trabajo está dando resultados. Seguimos trabajando para que nuestro modelo turístico siga siendo un referente y una fuente de oportunidades para los andaluces».

Bernal ha recordado que Andalucía lleva tres años solicitando sin éxito una Conferencia Sectorial al Ministerio de Turismo para abordar el fenómeno de la expansión masiva de las VUT en todo el país. «Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España», ha lamentado.

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Entre las medidas aplicadas por la Junta se incluye el Plan de Inspección Programada, que ha puesto el foco en la lucha contra la clandestinidad en el ámbito de las viviendas turísticas. Esta estrategia se apoya también en herramientas tecnológicas como la integración de bases de datos, el uso de Web Scraping y la firma de convenios de colaboración con ayuntamientos.

La nueva normativa autonómica también ha sido clave en este proceso. El Decreto 31/2024, de 29 de enero, ha modificado la regulación existente para dar a los ayuntamientos mayor capacidad de intervención, permitiéndoles establecer limitaciones proporcionales en el número de viviendas turísticas por zonas, edificios, sectores o períodos, siempre que se justifique con criterios objetivos e inequívocos.

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Además, el decreto permite a la Consejería establecer convenios con otras administraciones o entidades privadas para facilitar el intercambio de información y reforzar la labor inspectora.

En coordinación con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, también se ha aprobado el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, que introduce medidas urgentes en materia de vivienda. Esta norma refuerza la seguridad jurídica de los ayuntamientos para ajustar el uso turístico al modelo urbanístico de cada municipio, contribuyendo así a proteger el equilibrio del entorno urbano.