El nuevo modelo de reparto de alimentos abre un agujero en la red asistencial de Córdoba

La cuestión estriba en torno a las famosas tarjetas monedero que va a implantar el Gobierno por medio de un sistema impulsado por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar). El asunto está en el Boletín Oficial del Estado desde el 23 de enero y tiene detrás una decisión política en la que han participado instancias nacionales pero también supranacionales.

Para poner en contexto. Europa libera anualmente fondos para entregar alimentos a las personas desfavorecidas. Hasta el momento, el sistema incluía a distintas organizaciones entre las que estaban los Bancos de Alimentos de todo el país, que trabajan con voluntarios. Bancos como el de Córdoba cogían ese dinero, compraban alimentos de forma masiva o los llevaban a las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del día a día de esa asistencia social básica. Ese es el sistema FEAD (acrónimo de Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas).

El nuevo sistema, de nombre Básico, se financia con fondos europeos pero con una diferencia. Es una subvención a la Cruz Roja -que no ha querido participar en este reportaje- que trabajará como único intermediario del Gobierno y la UE con las familias que reciben apoyo. Asegurando que es un sistema más «digno», ya no se entregarán alimentos sino unas tarjetas monedero con las que se podrá ir a la tienda a comprar. Para toda España, hay 95 millones. Para Andalucía, 18 millones. «La asistencia debe realizarse de acuerdo a sistemas que promuevan la normalización, la autodeterminación de las personas, la garantía del cumplimiento de sus derechos y su dignidad», explica el Ministerio, que afirma que el nuevo sistema sigue siendo compatible con la percepción de otras prestaciones públicas.

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Y el reparto se ha establecido según los siguientes módulos. La familia formada por un adulto y un menor recibe 130 euros. La de tres miembros, 160 euros. La de cuatro, 190 euros. La de cinco o más, 220 euros. El acuerdo del BOE explica que es un acuerdo adoptado por el Gobierno y las comunidades autónomas del que la Junta, en concreto, se desvincula de tal decisión.

El nuevo sistema tiene dos problemas, explica el vicepresidente del Banco de Alimentos, Juan José Cas. En primer lugar, asegura, deja fuera un montón de casuísticas en las que no hay unidad familiar o menor. Por ejemplo, pensionistas solos con bajos ingresos, comedores sociales o viudos y viudas de bajos ingresos que hasta ahora ha estado en el sistema FEAD. Esos son las 26.000 personas afectadas de las que habla la Junta: la diferencia entre quien estaba en el antiguo baremo FEAD y quien no.

En segunda instancia, desaparecen las economías de escala. Una persona con una tarjeta monedero comprará los alimentos al precio de venta al público que está en el supermercado, con sus vaivenes inflacionarios incluidos. Los Bancos de Alimentos compraban productos en enormes cantidades lo que les permitía negociar precios más beneficiosos. «El cálculo que tenemos es que se perderá un 30 por ciento de capacidad de compra», explica Cas.

En realidad, las tarjetas monedero no son exactamente una novedad. Por ejemplo, la Junta de Andalucía las utilizó durante la pandemia para que las familias con problemas de acceso a la alimentación pudiesen contar con un sistema de compra que no estuviese afectado por las interrupciones logísticas que generó el Covid. Los bancos de alimentos fueron puntos de entrega de esas tarjetas y no hubo ningún problema destacado.

El nuevo sistema, explica el Gobierno, abre el listado de productos a frescos o elementos de higiene básica, femenina-mensutral o pañales aunque no responde a la pregunta de por qué no puede realizarse por un canal logístico consolidado y voluntario. La impresión en el tercer sector es que se ha confiado en Cruz Roja en exclusividad por su implantación y plantilla.

El Banco de Alimentos de Córdoba ha pedido a todas las entidades con las que trabaje que le certifiquen cuántas personas reciben esa asistencia porque lo que viene ahora obliga, si no media un cambio importante, a una modificación de relevancia. El FEAD funcionaba con dos grandes compras y entregas de alimentos con las que se nutrían a oenegés como comedores sociales. El nuevo sistema Básico entra en funcionamiento el 1 de abril. El sistema pasará a ser autonómico en 2025 aunque no se sabe si las normas serán las mismas. La Junta dice que apuesta por un sistema mixto de reparto de alimentos y tarjetas monedero.

¿Qué va a pasar con las personas que se queden fuera? Juan José Cas explica que el FEAD aportó unos 600.000 kilogramos de alimentos al banco de Córdoba pero que por otra vías se acumularon otros 1,8 millones de kilogramos. Es el caso de las grandes recogidas, por ejemplo. «Tenemos mucha experiencia», explica el vicepresidente de la organización que tranquiliza sobre la asistencia a los usuarios finales. La nueva operativa pasa, explica, por remitir a las unidades familiares con menores a Cruz Roja para recibir la tarjeta monedero y asistir con el esfuerzo logístico propio (es decir, sin financiación del Gobierno en ese programa) al resto.

Una organización con fuerte presencia en el tercer sector es Cáritas Diocesana cuya responsable de Acción Social, Soledad Crespo. Explica que el procedimiento de sustitución de ayuda en especie por un medio de pago en tiendas al uso no tiene por qué esencialmente malo. Al contrario, explica que su entidad está trabajando por sustituir progresivamente las entregas de alimentos por medios (como códigos QR) que permitan a las familias organizar lo que compran con autonomía. Ir, afirma Crespo, a comercios normales.

Ese sistema de trabajo no es exactamente, reconoce, el que siguen las Cáritas Parroquiales. Las organizaciones de base siguen trabajando en la entrega de alimentos o la creación de economatos aunque, afirma Crespo, se esté trabajando en un cambio de paradigma que no siempre es fácil de implantar. La responsable de Acción Social de la oenegé de la Iglesia explica que en España ya han múltiples modelos de estas caracterísicas que trabajan la autonomía en las decisiones.

Es verdad, reconoce Soledad Crespo, que el nuevo sistema no tiene en cuenta a las personas sin menores a cargo y eso es un problema. Explica que la Unión Europea determinó que sus recursos se centrasen expresamente en la protección a la infancia y que eso genera un déficit que es la atención inmediata a las personas usuarias que no tienen niños a cargo. Crespo explica que será necesario arbitrar acciones sociales que den respuesta a esas situaciones entre las que se encuentran colectivos concretos como las personas sin hogar.

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Ahora toca, explica, pelear nuevos recursos con los que atender a quien se ha quedado fuera del programa público que permitía desarrollar este tipo de trabajo social. Sí ratifica la responsable de Cáritas que ninguna organización del tercer sector ha podido fijar los objetivos del programa. Son decisiones que no forman parte de su ámbito de actuación.

La subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla (PSOE), defendió ayer el nuevo sistema afirmando una cosa y su contraria. Esto es, que no excluye a nadie y que, si la Junta de Andalucía quiere financiar a los bancos de alimentos, puede usar el «tramo que ha quedado libre del fondo social europeo para ello». Existe un consenso en el tercer sector de que el nuevo programa se centra en las familias con menores a cargo y deja fuera a las personas o unidades familiares que no tienen niños. Se esté a favor o en contra del sistema, nadie pone en duda de que se han reorientado los objetivos hacia la protección de la infancia.

López Losilla explica en un comunicado que las familias que no tienen niños a su cargo pueden seguir siendo beneficiarios del Banco de Alimentos (aunque no con la financiación oficial que antes se disfrutaba con el sistema FEAD). El proyecto, dijo la subdelegada, fue aprobado por las comunidades autónomas en una conferencia sectorial de 2021.