Condenados del caso ERE inician una ofensiva legal para evitar que se dejen de aplicar las rebajas de penas del Constitucional

El tribunal que dictó la primera sentencia condenatoria de los ERE en 2019, ratificada después por el Supremo, plantea elevar una consulta —una cuestión prejudicial— al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, para que determine si el Constitucional español se extralimitó a la hora de borrar delitos de prevaricación y malversación por el reparto de manera arbitraria de casi 680 millones de euros de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2009. La sala dio un plazo de diez días a la Fiscalía, las acusaciones y las defensas para presentar sus alegaciones.

La Audiencia de Sevilla no ha tenido que esperar tanto para conocer las primeras voces discrepantes. Sin entrar en el fondo del asunto, el abogado del expresidente andaluz José Antonio Griñán cuestiona los motivos que recoge en su providencia para sustentar su consulta bajo la premisa de que el TC pudo haber vulnerado el Derecho de la Unión Europea.

Siete magistrados del Constitucional elegidos a propuesta del PSOE, con la oposición de cuatro del ala conservadora, anularon la pena de seis años de prisión por malversación impuesta al expresidente que sucedió a Manuel Chaves, quien también ha visto rebajada su condena por prevaricación.

En un escrito registrado el pasado 19 de marzo en la Audiencia, justo el día en que se conocía la intención de enviar el caso al TJUE, el letrado José María Calero, que ejerce la defensa de Griñán, pregunta al tribunal «qué es aquello que, para el Tribunal, pudiera ser (posiblemente y parcialmente) incompatible con el Derecho de la UE». Considera que falta concreción y «rigor» en las cuatro dudas planteadas en su providencia por los cinco magistrados encargados de adaptar la sentencia del caso ERE a la interpretación que hizo el TC. Pide por ello una aclaración de «los términos y conceptos oscuros» que recoge dicha resolución.

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Es una estrategia jurídica que, de entrada, permite a las defensas ganar tiempo. Preludia también la ofensiva legal que van a emprender las defensas de los condenados en contra de que se deje de aplicar la decisión del Constitucional, a pesar de que éste tampoco los ha librado de todos sus delitos.

En su providencia conocida el pasado 18 de marzo, la sala encargada de revisar la sentencia del caso ERE argumentaba que «no puede dejar de lado» la posibilidad de que sea incompatible con el Derecho de la UE la doctrina impuesta por la mayoría de magistrados progresistas que domina el TC que anularon parcialmente las penas a una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

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«Más allá de la información a las partes de una actuación que el tribunal considera que se ve obligado a afrontar ('el tribunal no puede dejar de lado…') y de la imprecisión de que esa 'obligación' venga justificada por una mera 'posibilidad' de una incompatibilidad parcial o limitada con el derecho de la Unión Europea, lo que impide o al menos dificulta enormemente la tarea de abordar una respuesta al traslado conferido es la falta de identificación por el Tribunal de qué es aquello que sería (posiblemente y de forma parcial) incompatible con el Derecho de la UE», objeta el letrado.

La Audiencia planteaba una «cuestión prejudicial de interpretación» para que la Justicia europea determinara si el Constitucional «se ha extralimitado en la función de control que le corresponde invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales al revisar (…) la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Tribunal Supremo».

Los magistrados también consideran que el criterio del TC podría desproteger el patrimonio público, así como contravenir la normativa y jurisprudencia comunitaria en su interpretación sobre las leyes de Presupuesto de 2002 a 2009, «al dejar al margen de todo control aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución». Plantean también que la doctrina del Constitucional incumpla la exigencia internacional de lucha contra la corrupción política. Por último, dejan abierta la puerta a no aplicar las sentencias del TC referidas a las normas legales autonómicas (las leyes de presupuestos de 2002 a 2009) porque estas dan a entender que serían lícitas las conductas de los ex cargos condenados por la Audiencia y el Supremo.

Para el abogado del expresidente, «se hace inviable llevar a cabo un juicio comparativo entre las normas y jurisprudencia de la UE frente a 'valoraciones' no identificadas, 'excesos' no concretados, 'doctrinas' que parece que se dan por supuestas, sugeridas o insinuadas o frente a clases de sentencias (las que denomina 'interpretativas') que no se definen o identifican mínimamente». También cuestiona que la resolución viene «encabezada» por los cinco magistrados que conforman la sala, cuyas decisiones son colegiadas y, sin embargo, aparece la firma de una de sus integrantes, la magistrada Pilar Llorente.

El expresidente del Gobierno Felipe González, que tuvo como ministros a Chaves y Griñán y es amigo de ambos, mostró este jueves su desacuerdo con la iniciativa de la Audiencia. «Creo que se equivoca», dijo a los periodistas antes de participar en un coloquio con el presidente de la patronal Cesur en Sevilla. A la pregunta de si cree que el Constitucional «se extralimitó» con sus resoluciones, el expresidente eludió responder para no «desviar toda la atención» respecto del acto en que intervenía. «Si no, se lo contaría con detalle», añadió enigmático.