Las claves de la nueva Ley de Vivienda: más ladrillo, más seguridad y más ayudas para bajar los precios

La nueva normativa, que se apoya en la ya creada Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) y el decreto ley aprobado en el primer trimestre de este año, quiere compensar la oferta (muy baja) con la demanda (altísima) para que el mercado regule los elevados precios tanto de compra como de alquiler. Comienza así su trámite parlamentario con el deseo de que las alegaciones enriquezcan el texto final y se pueda aprobar con la mayor celeridad posible para que entre en vigor en las próximas semanas.

Existe un déficit de 90.000 viviendas en la Comunidad (el doble según Fadeco Promotores) y el afán intervencionista del Gobierno de la Nación ha generado una inseguridad tal que muchos de los inmuebles han quedado fuera del mercado. En resumidas cuentas, la nueva ley quiere impulsar la construcción de nuevas viviendas, recuperar esa seguridad, simplificar y agilizar los trámites, mejorar la calidad y otorgar mayor transparencia. Estas son las claves de la nueva ley:

La creación de esta bolsa de suelo tiene su germen en el citado decreto-ley de marzo y se ha hecho en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes, que han informado de los espacios con los que cuentan de reserva de vivienda y las parcelas que podrían ser susceptibles de ello. Ofrece mayor transparencia y refuerza esa colaboración público-privada pues los promotores pueden acceder de manera más fácil y con mayor seguridad a estos suelos.

El sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Es una medida clave (que ya se viene aplicando) para que afloren los suelos y se pueda comenzar la construcción.

La Junta de Andalucía impulsa el posible cambio de uso de suelos terciarios, de oficinas y turísticos para la vivienda protegida. Sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico general. También se quiere reactivar edificios vacíos o en desuso para destinarlos a alquiler social o venta a precios regulados.

Se produce la incorporación de los suelos urbanos dotacionales para crear una Infraestructura de Equipamiento Residencial en alquiler en Andalucía.

La nueva ley es muy 'municipalista' y otorga poder y capacidad de maniobra a los ayuntamientos. Gestionarán los planes de vivienda, que se fomentan con esta normativa. El Plan Vive formó parte de este plan de choque. Se actualizarán los coeficientes territoriales que determinan los precios máximos de la vivienda protegida en cada municipio para facilitar su construcción.

Se garantiza al menos el 25% para la construcción de la vivienda protegida.

La delicada situación actual se deriva, en parte, de la ridícula oferta de vivienda pública que se ha producido en los últimos 15 años en todo el país. Con la bolsa y el cambio de uso del suelo, sumado al mencionado Plan Vive, se incrementará el Parque Público de Vivienda en alquiler asequible mediante la construcción de nuevas promociones. El plan de choque con el decreto ley de medidas urgentes se ha de consumar con el levantamiento de 20.000 VPO en los próximos cinco años.

Se concentrarán recursos en forma de ayudas al alquiler o incentivos a la construcción o rehabilitación. La colaboración público-privada volverá a ser fundamental para la construcción de vivienda protegida y asequible mediante derechos de superficie en suelos. Y se simplificará su construcción, asimilándola a la vivienda libre, así como la gestión de los demandantes.

Es una de las grandes novedades anunciada ayer por el presidente. Se crea el Portal de la Vivienda Protegida en Andalucía, para que todos los andaluces puedan identificar las promociones de vivienda a precio asequible. Esto significa más información y a la vez más transparencia.

No todo atañe a la accesibilidad o a los precios, sino también a la necesidad de una transición hacia una vivienda sostenible en todo el proceso de construcción y vida de los edificios. Se impulsa la mejora de la eficiencia energética e hídrica, circularidad en la construcción, menor huella de carbono y el paso a un hogar digital.

A su vez, potencia el uso de las terrazas y los espacios libres para espacios mas saludables. Promueve el acceso a las personas con capacidades diferentes, físicas, intelectuales o sensoriales.

Por último en este apartado, se establecen medidas para mejorar la habitabilidad de las viviendas existentes, para evitar la infravivienda, o la sobre-ocupación. Se impulsan las Áreas de Gestión Integrada para la regeneración urbana, la erradicación de la infravivienda y los barrios obsoletos. El documento apuesta por la figura del Agente Rehabilitador, para llevar a cabo actuaciones de regeneración urbana.

En la presentación de la nueva ley, se abundó en dos aspectos. Es un problema terrible a nivel social, pero también es un lastre económico. Fomentar la construcción de vivienda permitirá incrementar la recaudación por parte de los ayuntamientos, que podrán invertir en las necesidades de su municipio. Los especialistas aseguran que la inmovilidad del actual mercado supone una pérdida valorada en millones de euros.

El propio Juanma Moreno resaltaba la importancia de que todos los protagonistas estén respaldados. Los compradores, pero también los promotores y los arrendatarios. «Hay que dar seguridad jurídica, que se simplifiquen los trámites burocráticos, quitar presión fiscal, dar facilidades para que los pisos puedan salir al mercado...«.

Moreno presentó el documento en el Palacio de San Telmo arropado por numerosos representantes de la administración pública y del sector inmobiliario, además de sindicatos y portavoces de la sociedad civil. Han sido alrededor de 50 participantes, ya sea personas a título individual, colectivos, entidades, los que han aportado su perspectiva para la redacción de esta ley. «Tuvo 605 alegaciones de las que se incluyeron un 80%, aportando matices».

La Ley de Vivienda «nace con respaldo y solvencia» porque «esto no es un logro del Gobierno de Andalucía, que es un instrumento, sino de la sociedad andaluza en su conjunto». La «cooperación y el consenso», entre consistorios de diferentes ideologías y entidades con puntos de vista distintos, ha sido fundamental para afrontar este problema común.