Los centros de menores, al 97,5%: «Ya está al límite y hay riesgo de reventar»

El ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego negoció en primer término esa distribución de 4.000 menores entre las Comunidades, excluyendo a Cataluña y País Vasco, socios y aliados del Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que sus dirigentes han vendido como un logro por sus relaciones de conveniencia con el Ejecutivo central. A su vez, el mayor número recaía en Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571), presididos por el partido de la oposición.

El martes se volvían a citar y se manifestaba el rechazo de seis comunidades a este reparto, pues según su denuncia no existen «criterios justificados» para explicar esos movimientos. La Junta de Andalucía ha rechazado la propuesta, e incluso ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que se produce una invasión de competencias.

El propio Juanma Moreno ha asegurado que Andalucía acogerá a estos menores por solidaridad y humanidad, sin menoscabo del rechazo a esta imposición por el peligro que genera. El Sistema de Protección de Menores, al 97,5%, «está al límite de la ocupación y corre el riesgo de reventar, poniendo en peligro la atención de los niños». El temor de la administración andaluza es que no se le pueda prestar la debida atención a estas personas, pues no se cuenta con recursos para brindarles una oportunidad, y además perjudique gravemente a los menores que ya están bajo su protección.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, afirmó que la propuesta de reparto de menores migrantes del Gobierno de España «nos lleva a dos opciones: o velar por el interés del menor o velar por el interés del sillón de Pedro Sánchez, y la opción de Andalucía es la primera».

La consejera recuerda que esta cifra debe sumarse a «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España ha metido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que la comunidad andaluza está atendiendo a pulmón».

La Junta asegura que el sistema está en cifras del 97,5% de ocupación, pero a su vez la distribución no puede desarrollarse en función del número de plazas disponibles, ya que los diferentes centros tienen funciones y usuarios distintos. La política de protección del menor del Gobierno de España «consiste en apilar a los niños en edificios», lamenta. Ya son reiterativas las críticas al reparto de menores como si fueran «mercancía» o un «paquete de Amazon». Pero los niños y niñas necesitan también alimentación, ropa y sobre todo educadores y docentes, por lo que es necesaria una financiación. De momento las cifras no cuadran, pues están muy por debajo del 1,6 millón de euros que asignaron por los 30 menores acogidos desde Ceuta (para la asistencia durante un año). Y llegan pateras casi cada día.

«Se está poniendo en peligro la atención tanto de los niños que van a ser trasladados como de los que ya están siendo atendidos por el Sistema», apunta Loles López.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia rechazan de varias comunidades autónomas su actitud de «entorpecer» la acogida de menores migrantes tras la reunión en la que ha trasladado a los gobiernos regionales los detalles de la acogida solidaria de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta en virtud del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

«Parte de las comunidades autónomas mantienen una actitud de entorpecer la acogida solidaria de la infancia migrante, pese a lo que el desarrollo y aplicación del Real Decreto-ley sigue su curso. La ley es ley y como tal va a cumplirse», ha enfatizado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa al término de la comisión.