El Gobierno impone el reparto de menores migrantes y rechaza la votación de las Comunidades

Debía ser decisiva, pero no ha servido más que para corroborar las intenciones del Gobierno, que ha elaborado un polémico Decreto-Ley tras haber alcanzado un acuerdo con Carles Puigdemont.

En la cita, el Gobierno no se movía del planteamiento inicial. Por ello, muchos de los presentes la han considerado «una tomadura de pelo» pues no se permitió la votación por parte de las Comunidades ante una «previsible derrota». Ha sido «una situación inaudita», lamentan desde Extremadura.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, destacaba a su finalización que Andalucía «ha sido y seguirá siendo una tierra solidaria» y ha reafirmado el compromiso de la comunidad con la acogida de menores migrantes no acompañados. Pero, todo ello «preservando la atención y protección de los niños», tanto de los que se van a trasladar como la de aquellos que ya forman parte del Sistema de Protección andaluz.

López ha participado en la reunión extraordinaria del Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en Madrid y la que ha asistido de forma telemática, debido a la imposibilidad de trasladarse a Madrid por las cancelaciones y retrasos en los trenes AVE Madrid-Sevilla. Este encuentro se ha celebrado con el objeto de abordar los criterios de reparto recogidos en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.

La consejera ha criticado la «falta de diálogo y lealtad» del Gobierno central con las comunidades autónomas. Critican que el reparto es injusto y viene marcado por las presiones de sus socios de Gobierno. Cataluña recibiría unos 30 menas, mientras que Andalucía y la comunidad de Madrid acogerían alrededor de 800 cada una.

López lamenta que el Gobierno no ha respondido al requerimiento presentado en febrero a la Administración General del Estado por la atención integral de los migrantes que el Ejecutivo «ha introducido en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de adultos» y que ya alcanzan los 634. «Son menores que Andalucía continúa atendiendo a pulmón, y de los que el Ejecutivo no quiere saber absolutamente nada», criticó.

En la Conferencia Sectorial, la consejera de Inclusión Social ha puesto de manifiesto su rechazo a los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados impuestos por el Gobierno en el Real Decreto-ley, y ante el cual Andalucía ya ha iniciado los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Para López, este Decreto-ley «es una nueva cesión de Pedro Sánchez a Puigdemont, que es quien realmente dirige la política migratoria del país». En esta línea, ha resaltado que los criterios para el reparto de menores migrantes «solo atienden al interés político de Pedro Sánchez, puesto que están pactados únicamente con un prófugo de la Justicia que se encuentra a 2.000 kilómetros de España».

«Queremos seguir acogiendo niños, pero siempre dentro de las posibilidades del Sistema de Protección de Menores, que se encuentra al 96%», ha apuntado López, para advertir que, «si no es así y el Ejecutivo trata a los niños como mercancía, pone en riesgo no solo la asistencia de los menores que va a trasladar, sino a aquellos que ya están en el Sistema andaluz».

Por su parte, el Gobierno remitirá este martes una «solicitud de información formal» a las comunidades autónomas para que en un plazo de diez días proporcionen las cifras actualizadas de los menores migrantes no acompañados que tienen en sus sistemas de acogida con el objetivo de ahormar una propuesta de reparto «solidario y vinculante». La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los 'populares' que «no se puede votar lo que no se ha aportado» ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.

«Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta», ha manifestado Rego.

«Se trata de garantizar la atención y protección de los menores», terminaba Loles López, manifestando la falta de información y cooperación por parte del Gobierno. «No sabemos nada de financiación ni del número de menores que recibiremos las comunidades autónomas», una muestra de la «deslealtad» de Sánchez hacia las regiones que nos encontramos al límite.

Por último, la consejera ha puesto de manifiesto que el Estado «también se niega a reconocer a Andalucía como Frontera Sur, un reconocimiento que sí se otorga a comunidades del norte de España». Un gesto que, a juicio de la consejera supone «una nueva tomadura de pelo para el territorio andaluz».

La Comunidad Valenciana ha exigido al Gobierno de España que «desarrolle una verdadera política migratoria» y ha denunciado que «pretende imponer un reparto de menores migrantes no acompañados sin criterios objetivos, sin planificación, sin financiación adecuada y sin negociación con las comunidades autónomas».

Ha recriminado que el Gobierno central «pretenda solucionar el problema trasladando su responsabilidad a las comunidades autónomas, sin contar con una política migratoria real», según ha indicado la Generalitat. Así, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «incumpla su responsabilidad y ponga parches ante su incapacidad de abordar una política real que permita atajar la crisis migratoria con el único objetivo de obtener el plácet de los independentistas catalanes para mantenerse en La Moncloa y todo a costa de la dignidad de los menores».

La consellera de Familias y Asuntos Sociales del Govern de Baleares, Catalina Cirer, ha tachado de «tomadura de pelo» la reunión para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados por la imposibilidad de que las Comunidades Autónomas hayan expresado su voto a los criterios de distribución.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha reafirmado el compromiso y responsabilidad de Cataluña de «tender la mano» a otras comunidades autónomas y cumplir la ley en cuanto al reparto de menores migrantes.

Ha asegurado que Cataluña es un comunidad autónoma solidaria y la que «acoge a más menores migrantes no acompañados después de Canarias. «A pesar de este esfuerzo previo somos conscientes de que Canarias sufre una crisis humanitaria sin precedentes y es nuestra responsabilidad como gobierno tender la mano a otras comunidades autónomas y cumplir la ley», ha añadido. Satisfacción en Cataluña, y es que el Decreto-Ley ha sido pactado por Sánchez y Puigdemont.

El Gobierno de Navarra ha mostrado su apoyo al desarrollo del Real Decreto Ley. El Ejecutivo foral ha valorado que el Gobierno de España «haya buscado una solución a la situación de emergencia humanitaria que se vive en Canarias y Ceuta que ha sido refrendada por la mayoría del Congreso de los Diputados».

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha expresado que «las Comunidades Autónomas no pueden mirar para otro lado, todas las Autonomías debemos ser parte de la solución para la atención de los menores de Canarias; es un deber legal y ético».