El Estado hace caja con los bienes decomisados a los narcos en Andalucía

Sólo desde julio de 2020 hasta mayo de 2021, último balance facilitado por el Ministerio del Interior, el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que ha sido ampliado a las provincias de Huelva y Málaga, y prorrogado, permitió decomisar 457,9 toneladas de droga e intervenir 28,7 millones de euros. En el caso del dinero incautado, supone un aumento del 40 por ciento.

La pregunta ante el éxito de dicha presión policial contra el narcotráfico y sus redes resulta, por tanto, inevitable:¿qué se hace con las ingentes cantidades de dinero y con los bienes incautados a estas organizaciones criminales? La droga se destruye pero se intervienen inmuebles de todo tipo, vehículos, embaraciones, joyas... Existe una legislación para este asunto. Se trata de la Ley 17/2003, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y que establece los procedimientos para el destino de los decomisos por sentencia judicial firme y adjudicados al Estado.

Los recursos obtenidos de dicho fondo se aplican al presupuesto de ingresos del Estado para su distribución a determinados fines: programas de prevención de toxicomanías , asistencia de drogodependientes y su inserción sociolaboral; intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represió n de estos delitos y la cooperación internacional en esta materia.

En octubre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó los nuevos criterios de distribución para este año de dichos bienes, que también podrán destinarse a programas y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria para captar y desarrollar información operativa y estratégica; mejorar los sistemas de transmisiones y comunicaciones; desarrollar y actualizar los sistemas informáticos; incrementar los medios materiales necesarios para la detección e investigación analítica de las drogas y su almacenamiento y destrucción; y promover la formación en recursos humanos.

Andalucía es la comunidad autónoma de España en la que más bienes se decomisan por tráfico de drogas y otros delitos relacionados y, por tanto, la que más contribuye al Fondo de Decomisos de dichos bienes, que gestiona la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Este es un órgano colegiado interministerial dependiente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En el análisis territorial de dichos datos se constata, «como viene siendo habitual —según se subraya en el informe de gestión de este fondo relativo a 2020—, que Andalucía es la comunidad autónoma en el que se decomisan más bienes del narcotráfico», un total de 16.960 desde que hay datos, y 353 en 2020, lo que representa un 36,13 por ciento del total. Le sigue, muy de lejos, la Comunidad de Madrid con 6.085 y 130 bienes decomisados, respectivamente.

La mayoría de estos bienes son vehículos, embarcaciones, inmuebles y objetos de valor que son enajenados por subasta pública o adjudicación directa y que en 2020 supusieron 5,3 millones de euros. Ha habido además 37 bienes adscritos a la Policía Nacional de los que 31 fueron vehículos y 57 a la Guardia Civi l (tres embarcaciones y 49 vehículos).

Además, señalan las mismas fuentes, durante 2020 ingresaron en el Tesoro Público, procedentes de los órganos judiciales, cantidades decomisadas por importe de 20,4 millones.

Del Fondo de Bienes Decomisados por Narcotráfico, un 64,5 por ciento ha sido destinado a programas de prevención y atención de drogodependientes, lo que se denomina, reducción de la demanda, en total, 19 millones de euros.

Así, fueron destinados 8,7 millones a comunidades autónomas de los que Andalucía recibió 1,5 en subvenciones para distintos programas, la que más, seguida muy de cerca de Cataluña, con 1,2 millones.

En cuanto a las Corporaciones locales , la cantidad repartida para programas de prevención e intervención contra las drogas fue de 4,2 millones. En este apartado, en lo que Andalucía se refiere, sólo figuran 117.000 euros para el Ayuntamiento de Córdoba; 112.000 para el de Málaga y 22.000 euros para el de Algeciras,

Para entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal se distribuyeron 3,3 millones; para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 350.000 euros; 200.000 a proyectos internacionales y 2,2 millones a la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Para el control de la oferta dicho fondo repartió 10,4 millones de los que 2,9 fueron para la Dirección General de Policía; la misma cantidad para la Dirección General de la Guardia Civil; Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (1,4); Instituciones Penitenciarias (640.000 euros); Ministerios de Interior y Defensa (250.000 euros); Fiscalía Antidroga (107.000 euros); Agencia Tributaria (1,8 millones); Instituto Nacional de Toxicología (194.000 euros) y Secretaría de Estado de Coordinación Territorial (163.000 euros).

Pero la distribución del Fondo de los Bienes del Decomiso no contenta a todos. Sindicatos policiales y el movimiento antidroga del Campo de Gibraltar reclaman un reparto más efectivo. Consideran que el aumento de medios materiales y humanos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es suficiente y lamentan que siga sin llegar el cacareado Plan Integral del Campo de Gibraltar para educación, prevención e infraestructuras para esta zona.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles ( AUCG ) pide que este fondo se destine « exclusivamente» a la lucha contra el narcotráfico, tanto en el apartado policial como social, educativo y judicial. «Debería ser empleado para combatir a los narcotraficantes, como hace la DEA –la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y narcotráfico de Estados Unidos–, además del lavado de activos, así como para planes sociales y educativos para poder erradicar esta lacra», asegura la secretaria provincial de la AUGC en Cádiz, Carmen Villanueva.

Además, denuncia a ABC que el dinero intervenido se queda en cuentas judiciales «demasiado tiempo hasta que se dictamina sentencia, lo que puede suponer años». Por ello, reclama que se pueda usar de inmediato en la lucha contra el narco y para fines sociales y educativos contra esta lacra.

El movimiento antidroga del Campo de Gibraltar , donde el narcotráfico golpea más fuerte y donde más bienes y dinero se interviene, no oculta su indignación por el reparto de este fondo. Las coordinadoras antidroga de esta comarca gaditana denuncian que no han recibido nunca dinero de este fondo pese al ingente trabajo que llevan realizando desde hace más de 30 años para atender y rehabilitar a los drogodependientes y prevenir la drogadicción.

Francisco Mena es presidente de la coordinadora antidroga del Campo de Gibraltar Alternativas y no oculta su malestar: «Estamos realmente indignados. Todo lo que se interviene a los narcos y se convierte en dinero va a ese fondo pero en el caso de las Administraciones públicas sólo se pueden acoger ayuntamientos de capitales de provincia o los que tengan más de 100.000 habitantes. En el Campo de Gibraltar sólo cumple este requisito el de Algecira s y es el único que se está acogiendo, aunque es una minucia. El Ayuntamiento de La Línea no se puede acoger con la afectación tan grande que soporta por el narcotráfico. Tampoco las Mancomunidades».

Denuncia además que las organizaciones sociales sólo pueden resultar beneficiarias si tienen ámbito nacional –las coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar tienen ámbito local o comarcal–, «por lo que ni los ayuntamientos salvo el de Algeciras ni las coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar hemos recibido nunca ni un euro de este fondo a pesar de que es en esta zona donde el narcotráfico está haciendo más daño».

En el informe de gestión del Fondo de Bienes Decomisados relativo a 2020 sólo constan 33.870 euros para entidades sin ánimo de lucro del Campo de Gibraltar la Fundación Márgenes y Vínculos , que al tener ámbito nacional se ha podido beneficiar de dicho fondo.

Por ello el movimiento antidroga reclama que se articulen mecanismos en dicha ley para que esto no siga sucediendo y llama a la Junta de Andalucía , que sí recibe dinero de dicho fondo, «a que tenga sensibilidad con el Campo de Gibraltar, porque hasta ahora no la está teniendo», añade Mena.

« Hay algo perverso en todo esto pero si hay voluntad se pueden encontrar fórmulas sin tener que cambiar la ley. Si echas un vistazo a la relación de entidades beneficiaras te llevas las manos a la cabeza. En una ocasión sí hubo dinero para Veterinarios sin Fronteras. Todo el mundo sabe que los caballos y las vacas tienen un problema de adicción a las hierbas tremendo –ironiza–. Frente a eso, ni un euro para las coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar», sentencia.